Gabriel Regino

El Tzompantli de Calderón

2010-05-16T18:06:00.000-07:00

Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos;
le llamaban la guerra florida.
La noche bocarriba
Julio Cortázar

El arquetipo de la violencia ritual exacerbeda ha golpeado brutalmente el timón de un barco que hace agua por todos lados: Crisis económica, sanitaria, de seguridad, de desarrollo y demás apocalípticos mensajes, han palidecido ante una decapitación de abultada pilosidad que envía un mensaje claro y funesto a la clase gobernante de nuestro País. Ni las muertes de jóvenes adolescentes, menores o infantes, han conmocionado tanto a la estructura gubernamental, como lo acontecido en el ya innolvidable Día del Maestro, donde las críticas al Sindicato más oprobioso de la historia, pasaron a último plano.

La instrucción de cerrar información, derivada de la falta de decisión de cómo enfrentar una situación desbordante, empujará a la autoridad a un callejón sin salida que socavará sin remedio su poca credibilidad y que lo llevará al despeñadero.

Los grandes cambios sociales, son resultado de las grandes crisis políticas y en México no debe ser la excepción. El evento, doloroso para unos, festín para otros, debe marcar el momento en que la sociedad deba organizarse a través de la información y de la exigencia pública de sus derechos, para evitar que tal acontecimiento, signifique la puerta al autoritarismo.

Los sentimientos agitados de nuestra sociedad, perderán la objetividad al demandar la instauración de la pena de muerte, cadena perpetua y la militarización total de nuestro país. Ante dicho escenario, la oposición con información.

Nadie, ciertamente, puede vanagloriarse con el estripotoso fracaso de una política gubernamental, porque tal tragedia nos arrastra a todos por completo. Vale más analizar y reflexionar sobre lo sucedido, para evitar el colapso que tenemos enfrente.

Los alcances del crimen organizado son de tal magnitud, que nos recuerdan los trágicos sucesos de nuestros hermanos colombianos, historia mil veces negada por nuestras autoridades que ahora han perdido a uno más de los suyos y en condiciones francamente deleznables.

La salida fácil de una autoridad sin rumbo, sería emular el caso al de un Muñoz Rocha a quien posiblemente, se le siga otorgando hoy en día, el status de desaparecido, pero jamás buscado.

Las consecuencias que se avizoran son alarmantes: estados de excepción, limitación de libertades e injerencia operativa de los Estados Unidos de América, acciones todas que bajo ninguna perspectiva devolverán la tranquilidad y la seguridad a nuestra sociedad, por el contrario, la espiral aumentará como lo profetizó en su momento en Embjador de dicha Nación en México, Carlos Pascual.

Así las cosas, la sociedad debe organizarse para primeramente, estar consciente de sus derechos y recordar que uno de ellos, es el de la información. Enseguida, para fortalecer los lazos comunitarios que esta brutal guerra está reventando y provocando el aislamiento y la pérdida de la solidaridad.

En los momentos de crisis como la actual, la responsabilidad de evitar una catástrofe reside en la sociedad; hagámosle saber a la clase dominante y a las organizaciones criminales que no queremos más sacrificios rituales; evitemos quedarnos callados, pues con el miedo sólo permitiremos ser esclavizados por otros depredadores. Rechazemos la actual política de confrontación directa que sólo está aportando muertes, muchas de ellas inocentes. Exijamos política a los políticos.

La fortaleza del crimen reside en la protección oficial y en el silencio de la sociedad.

Hablemos, expresemos, marchemos, dialoguemos. El discurso es nuestro. Y el tiempo también.

No al tzompantli de Calderón.

MORIR DE JUVENTUD

2010-05-16T14:54:00.001-07:00

Paul Michelle España Díaz 18 años
Abraham Alvaro Hernández 20 años
Juan Jaramillo Montes 19 años
Cristian Méndez de la Fuente 18 años
Decapitados por equivocación en Ciudad Lerdo, Durango.
16 de mayo de 2010

De acuerdo con los datos emitidos por el Consejo Nacional de Población (http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/mortalidad/Mortalidadxcausas_80_07.pdf) en México, los hombres aumentaron su expectativa de vida de 64.0 a 73.1 años entre 1980 y 2010, mientras que las mujeres la aumentaron de 70.0 a 77.8 años en el mismo periodo.

Lo anterior no puede dejar de ser visto como una excelente noticia. Todos los esfuerzos que realiza una administración para prolongar la vida de sus habitantes debe ser difundida y celebrada. Y más, cuando la esperanza de vida obedece directamente a acciones de gobierno: El descenso en la tasa de mortalidad es consecuencia del control de las enfermedades transmisibles infecciosas.

El informe al que hago referencia, contiene además, datos preocupantes, a los que habré de referirme enseguida. Por un lado, se registra un descenso en la población escolar infantil (leáse deserción), lo cual, en un ejercicio de proyección, nos pronostica una disminución en las habilidades personales de próximas generaciones para incorporarse a un demandante y limitado mercado laboral y profesional. Esta circunstancia debería llamar a la acción a las autoridades.

Por otra parte, el documento citado elabora una división de la población por 7 segmentos de edad, para analizar las causas de mortandad que a cada una de ellas les incumbe. Y es en esta temática, donde quiero abordar el análisis objeto de esta nota.

El cuarto grupo etario, es el de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años y cito textualmente el documento:

Las dos primeras causas de muerte entre los adolescentes y jóvenes mexicanos, desde 1980 y hasta 2007 han sido las muertes por accidentes y lesiones intencionales: en 2007, 44.0 por ciento de las defunciones se debe a un accidente, principalmente de tráfico, y las lesiones intencionales son las causantes de 19.3 por ciento de las defunciones.

Con el estallamiento de la violencia que se vive actualmente en México, es previsible que el siguiente estudio de la CONAPO ubique a las lesiones intencionales muy próximas a los accidentes como causa de muerte y lo anterior debería también mover a las políticas públicas en esa dirección para evitarlo.

Empero, los sucesos recientes nos llevan a prever que ocurrirá exactamente lo contrario. El número de jóvenes de entre 15 y 24 años que han sucumbido ante las armas de fuego, se va incrementando de forma aterradora sin que se avisore una puesta en marcha de programas de acción destinados a su protección.

Las muertes de jóvenes han sido etiquetadas por las autoridades como ejecuciones, con la finalidad de vincularlos a organizaciones criminales, culparlos de su suerte y archivar las investigaciones, alentando con tales decisiones la impunidad de los grupos criminales que paso a paso se van empoderando con el respaldo oficial de las agencias del sistema penal y político.

El Genocidio tiene carta abierta y patente de corzo a lo largo y ancho de la República Mexicana. La esperanza de vida en determinadas regiones del país se está viendo notablemente reducida, provocando con ello subculturas desviadas que prefieren “un día de millonario a una vida de pobreza”. Fatalismo que involuntariamente está alcanzando a un sector de la juventud para quienes actividades anteriormente cotidianas como el ir a un Centro Comercial, a una fiesta, a un bar, etcétera, se han convertido en conductas de altísimo riesgo.

Torreón ha sido escenario de dos terribles masacres en bares donde han muerto más de 15 jóvenes que corresponden al cuarto grupo al que la CONAPO atribuye como principal causa de muerte los accidentes de tránsito. En ambas tragedias, no hay responsables investigados, detenidos ni sancionados.

Tampoco políticas de prevención.

Después de la última balacera sucedida el 15 de mayo de 2010 en la inauguración del Bar Juanas donde fallecieron 8 jóvenes, un grupo de asesinos interceptó una desvencijada camioneta conducida por 4 adolescentes oriundos de Gómez Palacio que tomaron la decisión de acudir a un bar de Torreón. Todos ellos, estudiantes del Cetis 88 y uno, incluso, Presidente de la Sociedad de Alumnos. Los sicarios los bajaron de su unidad, los torturaron y los decapitaron. Se dieron tiempo para dejar sus cabezas en el cofre de la camioneta y pintar una leyenda en el parabrisas. Por supuesto, no hay ningún responsable detenido.

Posiblemente, su dictamen de necropsia, en el apartado “CAUSAS DE LA MUERTE” dirá: MURIERON POR JOVENES. POR JUVENTUD.

JUICIOS ORALES

2010-05-06T17:53:00.000-07:00

La nueva colonización del contienen por parte de los Estados Unidos tiene en los Juicios Orales una de sus mayores herramientas. Las reformas a los sistemas de justicia de los países de la Región, es una obligación impuesta en la firma de diversos Tratados Comerciales. La razón estriba en la demanda que las grandes trasnacionales para que los países donde operan, asimilen sus impartición de justicia a la estadunidense, para que, en un futuro no lejano, sean sus propios abogados los que defiendan sus intereses.

Bajo esa premisa, en México fue reformada la Constitución General de la República en el año 2008, otorgando un plazo de hasta 8 años para que todos los Estados modifiquen su esquema procesal por el adversarial. Chihuahua se colocó como el primer Estado en implementarlos. Y el primero en sufrir sus consecuencias.

Los Juicios Orales, son procedimientos que privilegian la negociación, antes que la sanción; son óptimos para sociedades donde existe un respeto por la legalidad y por las instituciones. Evitan juicios innecesarios y refuerzan el sentimiento de lealtad de la ciudadanía hacia sus autoridades.

Por otra parte, permite un encuentro de estrategias y de destrezas entre la fiscalía y la defensa; la obra de Sun Tzu y afines, así como los Tratados de Lógica y Forenses, sustituyen a la jurisprudencia y a la formalidad acartonada de los procesos escritos. Los jueces, son quizá, los actores más beneficiados con estas reformas, al deshacerse de miles de expedientes y de engorrosas audiencias que subsisten en el ya viejo modelo procesal.

Pero más allá de estas ventajas, los Gobernadores de los Estados se han visto también beneficiados con esta iniciativa, derivado de la gran cantidad de recursos que, so pretexto de la implementación de la reforma, les ha significado a sus arcas y, que van desde la construcción de las nuevas salas, cámaras, micrófonos, inmobiliario, etc.

Pero con el paso del tiempo, la aplicación de la reforma en los Estados en que ya opera, ha ido demostrando paulatinamente los grandes yerros cometidos: en lo estructural, cámaras y micrófonos fijos que impiden el desplazamiento libre de las partes ante el Tribunal para la formulación de sus alegatos, obligándolos a permanecer sentados con lo cual, demeritan la esencia de la oralidad.

En un afán por demostrar la eficiencia del Nuevo Sistema, las procuradurías han impulsado la conciliación entre las partes involucradas, llegando a los extremos de arreglar violaciones, secuestros, homicidios, etc. Las salidas alternativas a un juicio oral, han sido abusadas; la falta de capacitación de varios de los actores, han resultado en situaciones como la vivida el viernes pasado en Ciudad Juárez, donde un asesino confeso – que incluso descuartizó e incineró a su víctima -, quedó en libertad.

El propio Secretario de Gobernación ha reconocido lo fallido de la aplicación de la Reforma, la cual se ha convertido en un factor de criminalidad. De buenas fuentes sabemos que, existe presión para que el Distrito Federal aplique la reforma antes de que termine el 2011. Claro, sería un extraordinario ariete para las aspiraciones políticas tanto del actual Jefe de Gobierno como de su sucedáneo. Mientras que en Chihuahua, la susodicha reforma se ha convertido en un botín político para los aspirantes a la gubernatura.

Los Juicios Orales son extraordinarios. Lo único que hace falta es que las autoridades se legitimen, obtengan credibilidad, respeto y capacitación. ¿Casi nada verdad?

MORELOS, EL NUEVO DESAFIO

2010-04-15T16:06:00.000-07:00

El pasado 10 de abril se celebró un aniversario más del homicidio del General Emiliano Zapata “El Caudillo del Sur”. En 1914, en el pleno auge de su movimiento, el líder suriano llegó a ocupar las zonas de Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta. Su muerte y las reformas carrancistas, no terminaron con la sed de justicia de sus habitantes que subsisten en medio de carencias y amplias brechas sociales.

Rubén Jaramillo continúo su férrea lucha, la cual inició a sus 14 años bajo el mando directo de Zapata. La marginalización de la población de Morelos era brutal . . . y lo sigue siendo.

Privilegiado por su posición en el Eje Neovolcánico y clima cálido, Morelos es el Estado con mejores condiciones para la siembra y cultivo y para una vida agradable. Los Jardínes de Moctezuma y la Hacienda de Cortés, son algunos ejemplos.

Pero también, Morelos fue escenario del bandolerismo social con la presencia de “Los Plateados”, inmortalizados por la pluma de Ignacio Manuel Altamirano en su obra “El Zarco”.

La belleza del Estado, atrajo la mirada de los inversionistas y de la clase pudiente que hicieron de Morelos el lugar de descanso ideal para escapar de la atribulada vida capitalina.

Lo mismo, compraron casa grandes empresarios y políticos, que el mismísmo Señor de los Cielos, quien para legalizar sus actos, utilizó los servicios del Notario Público que posteriormente sería Secretario de Gobierno.

Morelos también fue la guarida y centro de operaciones de Miguel Angel Vivas Urzúa La Víbora uno de los más sanguinario secuestradores de los que se tenga registro y que hicieron su actividad una pesadilla para los residentes y visitantes de dicho Estado.

Los talamontes de Huitzilac, son otro rostro de la actividad criminal que pone en riesgo el habitat del Estado al realizar una deforestación despiadada, conocida por las autoridades, pero tímidamente combatida.

De forma paralela a estas acciones, de forma clandestina, los hijos de los revolucionarios, los inconformes con la marginación, han hecho de las armas el camino para modificar la realidad. El Comando Jaramillista o las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, son sólo algunos de los movimientos guerrilleros que subsisten en Morelos.

Y mientras los años pasan, las formas criminales se modifican. Hoy en día, Morelos es el territorio en disputa entre el Cartel Pacífico del Sur con el apoyo de La Resistencia, brazo ejecutor de la Familia Michoacana y lo que queda de Edgar Valdéz Villarreal “La Barbie”. Lo mismo aparecen colgados que decapitados.

No pasará mucho tiempo para que la organización vencedora termine controlando también a los talamontes de Huitzilac, la piratería, el microtráfico y demás espectro criminal. Cuando esto ocurra y hallan eliminado la competencia, la violencia disminuirá sensiblemente.

Entonces el Gobernador y el Gobierno Federal, podrán salir a los medios a decir que el Estado de Derecho ha triunfado, que Morelos es un Estado Seguro y que ahí no pasa nada . . . Y en efecto, no pasa ni pasará nada sin autorización de sus nuevos dueños.

LAS ENSEÑANZAS DE PAULETTE

2010-04-11T14:48:00.000-07:00

El 21 de marzo es una fecha especial, tanto por la llegada de la primavera como por ser el natalicio del Benemérito de las Américas. Pero para la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, será una fecha sobre la cual habrá de girar una línea de investigación muy delicada: Es la fecha en que la niña Paulette Gebara Farah “desapareció” o nunca llegó a su departamento, ubicado en Interlomas, una zona colindante del Estado de México con el Distrito Federal de reciente factura.

El fenómeno de niños desaparecidos es alarmante en nuestro País. Tan sólo en el 2009 tanto periodistas, investigadores especializados como autoridades, coincidían en ubicar en poco más de 45 mil el número de menores en esa condición tan sólo en el 2008. México, es considerado en ese rubro, como la Segunda Tailandia.

Hasta ahora, los casos registrados sobre desaparición de infantes, tiene como núcleo los diversos albergues que, fuera de la normatividad, sirven como fachada para la sustracción de los mismos.

Pero en el reciente caso de Paulette, existen diversas aristas que nos llevan a otras reflexiones. Una menor que desaparece de su propia casa sin que sus padres que cohabitan en ella, se enteren. La familia directa, en una primera instancia, pidió el apoyo de la sociedad a través de las poderosas redes sociales, las cuales se volcaron inmediatamente, inundando los correos y otros medios con las fotos de la menor, así como de oraciones pidiendo por su regreso.

El tema, fue retomado inusitadamente por la mayoría de los medios electrónicos, con una cobertura por demás interesante. Cualquiera podría llamarle solidaridad.

Sin embargo, en las últimas horas, el caso ha dado un vuelco inesperado: Los padres de la menor se encuentran arraigados, una medida judicial que la propia ONU ha catalogado como violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civilies y Políticos, pero que les resulta demasiado práctica a las autoridades mexicanas ante su limitada capacidad de investigación.

Pues bien, dicha medida ha sido decretada para obtener mayores datos sobre la forma en que desapareció Paulette dentro de su propio hogar. El desenlace de esta historia, es tristemente predecible.

Pero yendo más allá: ¿Cómo reaccionará la sociedad ante el descubrimiento de la cruel realidad? ¿Volverá a mostrarse solidaria en eventos futuros? ¿Qué es lo que se ha roto con esta lección?
Y otras preguntas ¿Cuál es la clave para que los medios y las autoridades se interesen en los demás casos de los miles de desaparecidos? ¿Los apellidos? Ojalá que los menores de Casitas del Sur hubieran tenido esa oportunidad.

LOS MUERTOS DE OBAMA O DON'T WORRY MR. PRESIDENT

2010-03-14T18:23:00.000-07:00

Cosas del destino o ascendencia kármica como quiera verse, el pasado 5 de marzo se celebró el 25 aniversario de la muerte de Enrique Camarena Salazar, oriundo de Mexicali y agente encubierto de la Agencia responsable del combate a las drogas en los Estados Unidos de América.

Su secuestro, realizado el 7 de febrero de 1985 y posterior ajusticiamiento, dieron lugar a uno de los momentos más algidos de las de por sí tensas relaciones entre México y el vecino del norte. Las investigaciones y especulaciones salpicaron hasta al entonces Secretario de Gobernación.

Tuvieron que pasar muchos meses y muchas reuniones, para que la tensión diplomática fuera disminuyendo. El arresto de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fueron uno de los artíficies para tal efecto.

A 25 años de distancia, las cosas en México, en materia de violencia, se han recrudecido. En una superficie de 4,855 m2 y con una población superior al millón y medio, Ciudad Juárez se ha convertido en el auténtico waterloo tanto del Ejército como de la Policía Federal y de toda la estrategia del Gobierno Federal.

Ciudad Juárez se ha estremecido con el caso de los femenicidios, cuyos orígenes se establecen en el año de 1993; se ha estremecido con la reciente Masacre de Villas de Salvárcar, donde 15 jóvenes fueron arteramente acribillados y, justo cuando sus madres inician un periplo a la capital en busca de justicia, otro comando ejecuta a 6 personas en plena ceremonia luctuosa.

Ante la ola de violencia, tanto el Gobierno Federal como el local, han desarrollado planes emergentes de reacción, la mayoría de ellos enfilados a la militarización de los cuerpos policiales y a pesar de tales esfuerzos, Ciudad Juárez ha sido considerada la ciudad más violenta del mundo.

Hoy ha tocado correr la negra suerte de la muerte violenta a 3 peronas vinculadas con el Consulado General de los Estados Unidos. Ya hemos visto que los sicarios lo mismo matan a inocentes que a personas involucradas con actos delictivos.

La razón de esta última ejecución que toca un área sensible de los gobiernos mexicano y estadunidense, además de la obvia reacción del vecino del norte, arroja un mar de dudas sobre la intención de la acción criminal que se desarrolló en dos eventos separados. ¿Tiro de precisión, error o ajusticiamiento? Estas son tan sólo algunas de las líneas de investigación que habrán de seguirse a lo largo de estos días.

Sin embargo, también habría que asomarse al otro lado de la frontera, donde no se actúa eficazmente ni contra la demanda de droga ni contra el tráfico de armas. Son los ninis poderosos. La mayor parte de armas que ingresan a México son vendidas en Texas. El mayor número de inversiones en El Paso son de mexicanos que huyen de la violencia. Al final, la sociedad de consumo se impone con ganancias para los estadunidenses a pesar de que su vecino país se desangre. Tal circunstancia le permitiría justificar una invasión al estilo de las bases militares que tienen en Colombia. Y así podrían concursar millonarios contratos para que mercenarios como los de Blackwater se batan en una guerra con los temibles narcos mexicanos.

Los discuros de Obama son maravillosos. Pero estos 3 muertos, también son suyos. Es el resultado de practicar una guerra en su patio trasero.

Pero Mr. President no tendrá de que apurarse: En las próximas horas habrá muchos detenidos. Tenemos la seguridad de que estos 3 muertos, pesarán más en la agenda gubernamental de nuestro país que los más de 10 mil ejecutados en este holocausto y más que los 49 infantes incendiados en una guardería.

En México, Mr President, se hará justicia. Dont’ worry.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

2010-03-14T18:21:00.000-07:00

Los escándalos que atrajeron la nota la semana pasada, fueron las revelaciones realizadas por los hijos del supuesto célibe Marcial Maciel, fundador y fundidor de los Legionarios de Cristo, así como las revelaciones vertidas por el dirigente del partido político en el poder, César Nava y por el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acerca de sus acuerdos secretos con el Partido Revolucionario Institucional.

Una y otra escena, ameritan un análisis ya no tanto de sus orígenes, sino más bien de sus consecuencias desde el punto de vista criminológico. El sociólogo Gabriel Tarde, afirmó en su tiempo, que todos los actos importantes de la vida, no son más que el resultado del ejemplo.

Las jerarquías religiosas, se han preocupado a lo largo de su existencia, de autoeregirse como el camino del bien, en forjarse una ideología y una argumentación sólida y de construir socialmente una imagen de beatitud y sacrificio, que pueda ser emulada por sus millones de fieles.

No obstante, debemos reconocer que tales jerarquías se encuentran integradas por seres humanos, con toda su cauda de defectos y virtudes. Lo que escandaliza y preocupa, es que en vez de reconocerlas y evitarlas, las encubren y las callan.

El caso de Marcial Maciel es una prueba de lo que un sujeto con una estructura criminal definida, puede lograr: Construir un imperio, obtener seguidores, cambiar identidades, ejercer un bisexualismo y abusar de menores, incluyendo a sus propios hijos. Su apoyo fueron las élites empresariales, ese grupo de familias en cuyas manos se juega el destino económico del país entero, las cuales, terminaron también siendo defraudadas en sus inyecciones económicas a la Congregación.

El punto no está en extender la sombra pérfida de Maciel a toda su obra, sino en conocer cómo en las élites del poder, los delitos se consideran pecatta minuta, se destruyen evidencias, se silencia a las víctimas y todo el aparato se moviliza en su favor.

Lo mismo sucede con la élite política: Un día se puede negar un acuerdo y al siguiente descubrirse su existencia; mentir no tiene castigo. La mentira se convierte en una herramienta del control político.

Ante tan condenables hechos, el sistema penal no interviene. Pero, si los mismos los realiza un particular, su destino será el viacrucis judicial. Moraleja: El poder implica impunidad. ¿Quién no querrá ser poderoso?

Por lo tanto, el crimen, la complicidad, la impunidad y la mentira, son las estrategias utilizadas por la clase dominante.

Mientras que la información, la reflexión y la acción, será la estrategia que usaremos esa parte de la sociedad que no queremos predicar con semejantes ejemplos.

LA GENERACION DE LA GUERRA LA GENERACION DEL ODIO (FEBRERO 2010)

2010-03-07T07:21:00.001-08:00

Una guerra sin destino. Un país, enemigo de sí mismo.
A los de #Reynosafollow

Carl von Clausewitz, militar y filósofio alemán, autor de la obra De la guerra, pontificó, entre otras cosas, la siguiente: La política es la continuación de la guerra por otras vías. Su obra, considerada como el Arte de la Guerra Moderna, arroja una cantidad de enseñanzas y de reflexiones que nos permiten comprender lo que hoy sucede en nuestra atribulada Nación.

Inmersos en una guerra cuyo inició no autorizó el Congreso de la Unión y que en un principio se utilizó como herramienta de control de la inconformidad después de la elección del 2006 y a la par, como esperanza de legitimación, nuestro país se dirige hacia un callejón sin salida, toda vez que la falta de planeación y objetivos definidos de este conflicto, ha provocado que la factura alcance a la ciudadanía, en el preciso instante en que las economías familiares hacen estragos.

Miles de ejecutados cuyos números ya no estremecen ni parecen importar; miles de ejecutados sin nombre, sin dignidad y condenados a un doble entierro, el religioso y el oficial, pues para el gobierno no existen, así como tampoco existen sus familias y por lo tanto, menos interesan las secuelas que dicha pérdida violenta tendrá en sus vidas.

Cientos de jóvenes abatidos no sólo por el plomo, sino por la falta de educación, de opciones legales para superarse, víctimas de un exclusión cuasi eugenésica, tal y como si asistiéramos a una limpieza social por omisión.

La Guerra, como lo escribió Clausewitz, requiere de varios elementos y entre ellos, el odio, la enemistad y la violencia primitiva. Tales elementos se han catalizado en este juego sangriento donde la paradoja alcanza límites inimaginables, dado que el soldado mexicano combate en suelo propio y enfrenta a sus connacionales: De por sí divididos y enfrentados, ahora odiados, pues su mando supremo pretende resolver con balas lo que la crisis social alientada por las administraciones anteriores permitieron, solaparon y además, promovieron.

Los arquitectos de esta barbarie, no han reparado en las semillas de odio que se han sembrado en los huérfanos de los miles de ejecutados; en los huérfanos de soldados, de policías y de cientos de servidores públicos que han sido abatidos por la violencia de una política mal encauzada.

Miles de niños, con hogares destruidos y obligados a luchar por su propia subsistencia y de la sus familias, puede ser el Otro Parte de Guerra, el que no se dice, el que no se publica, el que no se informa.

¿Cuál es la generación que nos espera? ¿Acaso la de más sicarios y asesinos seriales? ¿A los hijos de la Guerra, se les brindarán opciones para integrarse a un mundo voraz donde el éxito se mide conforme a la capacidad económica?

¿Los hijos de nadie, la generación de la guerra, la generación del odio, es la que sucederá a la generación del no?

SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO. UNA APROXIMACION AL HOLOCAUSTO (2008)

2010-03-07T07:19:00.000-08:00

“La delincuencia, si no es excesiva, sirve muy eficazmente a la estabilidad del poder y a su evolución hacia formas crecientemente autoritarias en una sociedad de escasez. Cuando ya no se puede proporcionar al ciudadano los bienes y servicios necesarios, se pretende que demande seguridad, que aspire, al menos, a salvar su integridad física, su tranquilidad. Además, se programa fomentar al ciudadano miedoso o aterrado, porque siempre será mucho más manejable.” Carlos París. Crítica a la civilización nuclear.

1. Introducción.

Hablar de “crisis en materia de seguridad” se ha vuelto un lugar común en la historia patria: Durante la colonia, el México pos independiente y pos revolucionario, estas crisis se han vuelto sistemáticas, como sistemáticos los empeños en focalizar el asunto, justificarlo y administrarlo políticamente, siempre con funestos resultados . En los últimos años, el término seguridad pública ha escalado posiciones importantes en la agenda gubernamental mexicana y en el de la opinión pública, sin que ello signifique necesariamente que al convertirse en un tema de primer nivel, haya sido atendido de manera adecuada.

Al Estado Mexicano se le ha dificultado dar una respuesta racional a la genuina demanda social de la seguridad, toda vez que se ha buscado dar una respuesta mediática, de corto plazo y limitada a la actuación de los cuerpos policiales, con la finalidad de acallar la presión que el flagelo del crimen genera en amplios sectores de la sociedad; esto es, se han dado respuestas de gobierno y no de Estado.

Son varias las razones que han contribuido al fracaso de los planes de seguridad: por una parte, la indefinición del término seguridad pública, que trae como consecuencia a su vez, la indefinición sobre la planeación, estrategia e intervención en la materia, lo que redunda en una falta de coordinación operativa del Gobierno en su conjunto (incluidos los 3 niveles); la falta de recursos que impide ejercer un mayor presupuesto en el área de seguridad; el hecho que los asignados no han sido destinados a la remuneración y capacitación de los elementos así como el abandono en el que se encuentran miles de policías Municipales y estatales; por otra parte, el entorno económico no permite condiciones que generen expectativas laborales adecuadas para la población en edad productiva y por lo tanto, la emigración, el comercio informal y las conductas delictivas se siguen constituyendo como la principal fuente de ingresos de un importante sector poblacional.

En este ensayo, abordaremos algunos de estos temas, cuyo análisis nos permitirá generar una serie de propuestas.
.
2. Seguridad. Evolución de su crisis y de su concepto (1994-2007).

Mucho se habla de seguridad, pero poco se explica de su sentido y significado. Es como el caso de El Quijote: todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son, quienes lo han estudiado. En una primera aproximación, entendemos a la seguridad como la situación de tranquilidad en un momento determinado . Cuando a éste concepto se le agrega el vocablo de pública, se añade la figura del Estado, porque público es lo que le pertenece y, por tanto, se considera como una función o atribución de esta organización social. El término seguridad pública es de factura reciente y por tanto, se encuentra en proceso de desarrollo, mismo que no esta exento de confusiones y complejidades .
Para poder entender el significado que normativamente se le asignó al término, es preciso referirnos al entorno de su creación. Así, la crisis de violencia que se vivió en la década de los noventa, principalmente al final del sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), orilló a posicionar el tema de la seguridad en la mesa del debate académico, político y legislativo. Al ambiente de incertidumbre que privaba a finales de 1993, hubo que sumarle la psicosis de inseguridad generada por las principales cadenas de televisión a través de una serie de programas televisivos que hicieron del delito y la violencia, un medio para aumentar sus audiencias y con ello, sus ganancias . Con el mismo morbo que la sociedad mexicana se deleitaba con los crímenes ajenos, surgía el temor de verse involucrado como víctima de los mismos. Así entonces, la seguridad pública comenzó a tomar un papel de suyo preponderante en la agenda política nacional que motivó su consecuente inserción en el ámbito normativo.

La primera ley que habló de seguridad pública, fue la que en el año de 1992, se expidió en Guerrero bajo el nombre de Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Los artículos segundo y tercero de la misma, establecieron:

“Artículo 2. La seguridad pública es una función principalmente a cargo del Estado y los Municipios con la participación de la comunidad en el ámbito de sus competencias.

Artículo 3. La seguridad pública tiene por objeto salvaguardar la integridad, las garantías individuales y derechos de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz pública, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la readaptación social del delincuente y del menor infractor.”

Esta legislación, pionera en la materia, destacó principalmente que la seguridad pública es una función del Estado con el objetivo de proteger los derechos de las personas. Si bien no reconoció a la seguridad como un derecho, si estableció la obligación del Estado a protegerlos. La condición básica para el disfrute de los derechos y libertades de las personas, es un entorno de seguridad que así lo permita.

Sin embargo, la referida ley consideró dentro del concepto a estudio, a las esferas de la prevención, persecución y sanción de los delitos e incluso, la readaptación social del delincuente. La seguridad ya no era una función única y exclusiva de las policías: se ampliaba su margen tanto de responsabilidad como de operatividad a todos las partes del sistema penal. Y este ejemplo normativo, repercutió a nivel federal

Así, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, aprobada en el Congreso de la Unión y publicada el 19 de julio de 1993, en su artículo segundo, estableció:

“Artículo 2. La seguridad pública es un servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y que tiene por objeto:

I. Mantener el orden público;
II. Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes;
III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía;
IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos; y
V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.”

Con esta ley, la seguridad se consideró un servicio del Estado, con el fin primero de mantener el orden público, término oscuro e impreciso, en cuya defensa puede ejercerse cualquier tipo de acción, aún en contra de los propios derechos fundamentales los cuales, por cierto, quedaron excluidos de este precepto. Como puede advertirse, esta legislación se abstuvo de dar una definición sobre el concepto de lo que debía entenderse por seguridad pública, siendo ésta una cuestión fundamental para la operación de las autoridades encargadas de aplicarla.

El entorno criminal de 1994, alcanzó niveles de honda preocupación en todos los sectores sociales , mismos que se agravarían posteriormente por factores económicos: en las primeras semanas de la nueva administración federal a cargo de Ernesto Zedillo, la moneda nacional se devaluó y estalló una crisis que afectó a millones de mexicanos, muchos de los cuales perdieron empleo y casa y con ello, años de esfuerzo y sacrificio. Además del tema económico, el de la seguridad continuaba siendo un pendiente agravado y por ello, se enviaron diversas reformas al Congreso de la Unión.

El 31 de diciembre de 1994, se reformó, entre otros, el artículo 21 de la Constitución General de la República, al que se le adicionaron los siguientes párrafos:

“. . . La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.”

Esta reforma constitucional, no hizo ningún esfuerzo por desarrollar su concepto, perdiéndose así una gran oportunidad para fijar el sentido del término y más aún, la oportunidad para haberlo reconocido como un derecho fundamental de los ciudadanos, pues no basta con encontrarse previsto en el capítulo consagrado a las garantías individuales para considerarlo como tal, toda vez que su redacción está dirigida a cuestiones puramente orgánicas y de coordinación.

El 11 de diciembre de 1995, se publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 3ª indica:

“Artículo 3. Conforme al artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor.

El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad.

La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.”

Con esta nueva ley, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución General de la República, se creo un nuevo concepto de seguridad pública: una función estatal a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias, que comprende todas aquéllas actividades dirigidas a la prevención y persecución de infracciones y delitos; la imposición de las sanciones administrativas; la reinserción social del delincuente y del menor infractor y, en general, todas las que contribuyen a alcanzar los fines superiores de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas .

A partir de esta legislación, la seguridad pública dejaba de ser un tema propio y exclusivo de las policías preventivas: de ahora en adelante todos los involucrados en el sistema penal eran los nuevos responsables ante la sociedad para otorgarles seguridad; lo mismo policías que jueces, lo mismo Ministerios Públicos que carceleros, habrían de responder dentro de un esquema de comunicación y coordinación, a un mismo fin: crear una imagen de seguridad a través de la producción de reos . Con base en esta legislación, las Secretarías de la Defensa y Marina, pasaban a formar parte de las áreas que contribuirían a esos objetivos. De esta manera, el Estado eludía la responsabilidad de atender los factores de la criminalidad y se limitaba a generar acciones reactivas en el ámbito penal y policial.

Sobre estas reformas, García Ramírez anotó:

“Los temas de seguridad pública suelen asociarse, con mayor o menor razón, a los asuntos de la justicia. Es verdad que la procuración y la administración de la justicia tienen que ver con la seguridad pública, pero no lo es que sean las únicas responsables de ésta. Ni siquiera la policía, instituida para la prevención del delito, puede ser cargada con la tarea, descomunal para ella, de responder por la seguridad pública en las ciudades, el campo, el país entero. Si queremos identificar este problema y aportarle soluciones tan razonables como eficaces, antes – mucho antes – de establecer los deberes de la policía y de confiar todo el trabajo a ésta, sería preciso fijar un catálogo de factores cuya eficacia milita a favor de la seguridad y cuya deficiencia de la a la sociedad en riesgo. Habrá que referirse, así, a la seguridad pública en función de la economía, de la educación, de la cultura, de la salud, de la democracia, para citar solamente los más importantes factores de seguridad o inseguridad públicas.”

El 7 de noviembre de 1996, fue publicada la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de dotar al Ministerio Público de mayores facultades para combatir al narcotráfico, al secuestro y al robo de vehículos entre otros delitos. La apuesta hasta ese momento de la administración zedillista, era reformar y crear leyes que permitieran más laxitud a los órganos represivos del Estado en su lucha por alcanzar la seguridad. El 26 de agosto de 1998, el Presidente Ernesto Zedillo, presionado por el movimiento México Unido Contra la Delincuencia, convocó a una Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Delincuencia , en cuyos ejes se encontraban:

1. Crear un verdadero sistema de seguridad pública.
2. Integrar la comunicación efectiva entre todas las corporaciones policiales, con apoyo de la tecnología.
3. Crear un registro de delincuentes y de reos.
4. Registrar a todos los elementos de seguridad del país para su control y evitar ingresos de aquéllos que hubiesen sido dados de baja en otras corporaciones.
5. Capacitación y mejor salario a los policías.
6. Establecimiento del servicio civil de carrera en seguridad pública.
7. Promover la participación Ciudadana.

A 4 años de haberse reformado la Constitución y leyes secundarias para enfrentar a la criminalidad y con 3 años de operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno reconocía con la puesta en marcha de esta Cruzada, que las medidas normativas habían resultado insuficientes. Pero al mismo tiempo reconocía que los encargados de las tareas de seguridad no habían sido eficaces. Los ejes de la Cruzada, son procedimientos internos a los que las áreas competentes se hallaban obligadas a ejecutar y que se encontraban previstos desde el Programa Nacional de Desarrollo del sexenio 1994-2000. Presentarlo a la sociedad a finales de su mandato, como un nuevo intento del Estado en su incansable lucha contra el delito, fue un mero ardid publicitario que la sociedad mexicana no merecía.

A finales de 1998, fue creada la Policía Federal Preventiva, con un esquema de autonomía de operación y con miles de soldados para realizar funciones policiales. Esta Policía intentó sin éxito, agrupar a todas las corporaciones federales.

La administración 2000-2006 de Vicente Fox, se caracterizó por un incremento en la violencia del crimen organizado y por acciones dispersas y encontradas en la forma de combatirlo. Es importante destacar que tanto en la administración de Ernesto Zedillo como la de Fox, los programas de seguridad siempre estuvieron enfocados al tema del narcotráfico y sus secuelas, así como a la industria del secuestro. La creación de programas de seguridad fueron meramente coyunturales, aparecían siempre como una tardía respuesta a fenómenos delictivos que impactaban en los medios de comunicación. A cada noticia relevante de secuestros, se ordenaban reformas y programas; lo mismo cuando el número de ejecuciones aumentaba. De esta manera, el Estado siempre iba atrás del crimen y de ninguna manera existían acciones eficaces de prevención.
En la administración foxista, fue creada la Secretaría de Seguridad Pública Federal que, entre otras cosas, debería ejercer el mando sobre la Policía Federal Preventiva y coordinar los esfuerzos en la materia, pero la autonomía con la que ésta fue creada, originó severos enfrentamientos entre el titular del despacho y el Comisionado policial, lo cual impidió llevar a buen término los proyectos planteados para generar un área de seguridad. En dicho sexenio hubo 3 Secretarios, lo que definitivamente impactó de manera negativa en el desarrollo de una planeación estratégica.

Por otra parte, la Iniciativa de Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, efectuada el 29 de marzo del 2004, nunca se concretó en el ámbito legislativo y las reformas aprobadas, en nada cambiaron ni coadyuvaron a la búsqueda de la seguridad a que estaban destinadas .

Por acuerdo del 6 de enero del 2005, se creó el Gabinete de Seguridad Pública Federal, como un nuevo esfuerzo por responder al crimen organizado y así atender los problemas de criminalidad existentes. Sin embargo, en ninguna parte del acuerdo se hizo referencia al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se entiende es el órgano responsable de tal tarea y quien debiera coordinar esos esfuerzos. La creación del Gabinete de Seguridad, era un indicador de la gravedad de la situación, pero obviar al SNSP era a la vez, un indicador de desdeño y de muestra de su ineficacia.

Las acciones resultantes del Gabinete de Seguridad, no fueron en ningún momento ir a las causas del fenómeno delictivo; por el contrario, se creó un nuevo programa denominado México Seguro, consistente en el despliegue policíaco-militar en los Estados de Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero y ciudades como Tijuana, para efectos de patrullaje, presencia y puntos de revisión, dando como resultado el incremento en eventos delictivos asociados a la delincuencia organizada en las plazas a donde se pretendía dar mayor seguridad Las razones de este fracaso, fueron la falta de una coordinación operativa eficiente entre las corporaciones participantes, que eran la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones; así como la ausencia de una planeación adecuada. Si los medios destacaban ejecuciones en algún Estado, allá se enviaba el operativo.

De esta manera la concepción de la seguridad pública como una atribución del Estado se fue consolidando en un enfoque represivo, más que preventivo . Muestra de ello fueron los desastrosos operativos federales en la huelga de SICARTSA, en Michoacán; la intervención en el conflicto de San Salvador Atenco en el Estado de México y la disolución de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde la operación policíaco-militar, sustituyó a la ausencia de talento político y se empleó indebidamente la fuerza para resolver conflictos de naturaleza social. Aunado a lo anterior, y con motivo del proceso electoral del 2006, las agencias de seguridad del Estado fueron distraídas a objetivos políticos, lo que motivó también una severa crisis que culminó con la renuncia del Procurador General de la República, desgastes en las figuras institucionales y una clara tendencia autoritaria.

El primero de diciembre del 2006, en medio de una crispación social derivada de un proceso electoral cuestionado en su legalidad y en un repunte de la violencia criminal, Felipe Calderón anunció una Cruzada Nacional contra la delincuencia y, tal vez para poner un sello distintivo, haciendo uso de la facultad de disponer de la totalidad del Ejército, lo envío a las calles de los Estados azotados por la delincuencia organizada a efectuar labores netamente policiales. Además, 10 mil militares se sumaron a las Fuerzas Federales de Apoyo, el brazo fuerte de la Policía Federal Preventiva.

Los efectos mediáticos fueron positivos: durante las primeras semanas de su gobierno, recibió elogios de Gobernadores, Senadores, Diputados y hasta del Gobierno de los Estados Unidos de América. La necesidad de mostrar una apariencia de un gobierno firme y decidido, llevó al Presidente a uniformarse militarmente, a hacer del Ejército su principal aliado para legitimar su mandato y a utilizarlo como ariete en una lucha que se creyó ganada con esa apuesta.

El tiempo dio la razón a todos los especialistas que se mostraron escépticos con tales medidas. Tan sólo en el primer trimestre del 2007, las ejecuciones vinculadas con el crimen organizado duplicaron las acaecidas en el 2006 en el mismo período . La violencia se incrementó precisamente en aquéllos Estados en donde los diversos operativos fueron aplicados.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Federal presentó un nuevo programa para combatir el delito. Sus ejes fueron los siguientes: 1) el establecimiento de la Plataforma México, para la comunicación tecnológica de todas las policías; 2) la operación territorial para la recuperación de los espacios; 3) Programa de prevención del delito y participación ciudadana; 4) desarrollo institucional con la implementación del servicio civil de carrera; 5) replanteamiento del sistema penitenciario para el control de los internos; 6) combate a la corrupción con la creación de un Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, y, 7) desarrollo de indicadores para la evaluación del trabajo.

Las similitudes entre este programa y la Cruzada Nacional contra la Delincuencia de 1998 son absolutas. Huelga decir que al repetirse prácticamente el programa, existirían en el camino muchas interrogantes respecto a qué se dejó de hacer desde aquélla época, como para volver a relanzar un programa con los mismos objetivos, 9 años después. De nueva cuenta se pretendió inducir a la sociedad en la falsa creencia de que las obligaciones internas de una dependencia, se convertían en un programa que solventaría el problema de la inseguridad.

De este breve recorrido podemos extraer.

a) Que los diferentes gobiernos han insistido en considerar al problema criminal, como un asunto de estricta intervención legal y policial; y,

b) Que tales administraciones han tomado al Ejército como una opción para alcanzar la seguridad, con todos los riesgos que ello implica.

Abordaremos tales campos en los siguientes puntos.

3. Entre la Seguridad Pública y la Seguridad Ciudadana. Un cambio de rumbo.

El problema de la limitada visión gubernamental sobre el tema de seguridad, podría modificarse atendiendo a una concepción distinta del término. Alcanzar la tranquilidad a que todos aspiramos, ciertamente no es una tarea sencilla ni de corto plazo. Pero los cimientos de una política racional, deberán partir de este punto para alcanzar un cambio de rumbo. Para varios autores expertos en el tema, el concepto de seguridad pública es el adecuado y no ven razones para redefinirlo ni mucho menos para cambiarlo. A nuestra consideración, el término es caduco, confuso e inoperante. Somos partidarios del término seguridad ciudadana por las razones que enseguida se exponen.

Se trata de un término reciente y relacionado directamente con la democracia. Su aspecto esencial es que se le considera como un derecho de las personas y no como una atribución estatal. En varios países así se reconoce en sus Constituciones. Veamos dos ejemplos:

Constitución de Bolivia

Artículo 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

a) A la vida, la salud y la seguridad

Constitución Española

Artículo 17.1 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

En los textos referidos, el Constituyente de esos países reconoce a la seguridad como un derecho fundamental de los gobernados lo cual es básico para el modelo de actuación policial imperante.

Avilés Farré, haciendo alusión a la Constitución de España, sostiene:

“En línea con la doctrina de los derechos humanos, que se remonta al siglo XVIII y se universaliza con la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, la democracia española concibe la seguridad como un derecho fundamental de la persona. Este es el principio de mayor categoría en la jerarquía de valores en que ha de basarse toda reflexión sobre el futuro de la seguridad. ”

Por su parte, Lledó Real anota:

“El concepto de seguridad, tal y como se emplea en la mayoría de nuestras Constituciones, es un concepto completo, eminentemente socio-político y que se puede definir como aquella situación social que se caracteriza por un clima de paz, de armonía, de convivencia entre los ciudadanos, que permite y facilita el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales, así como el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.
Así, no es el Estado, sino el ciudadano y su libre desarrollo quien ocupa el espacio central en el ámbito de la seguridad, que pasa a convertirse en un elemento básico e imprescindible de la calidad de vida, del bienestar, del desarrollo y del progreso social.
La seguridad ciudadana desde un punto de vista democrático, es una situación social que posibilita el desarrollo de la libertad y de los derechos humanos y que no depende únicamente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni de la seguridad privada, sino más bien de la cohesión social y de la solidaridad que de manera real y efectiva exista en una sociedad determinada, en un momento preciso y de la existencia de un orden jurídico, económico y social justo.”

Como se advierte, hablar de la seguridad como un derecho de las personas, conlleva a aludir al término de seguridad ciudadana, radicalmente contrapuesto al de seguridad pública. La discusión semántica no es menor. Para los autores nacionales, la seguridad pública es el conjunto de políticas y medidas coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz general a través de la prevención y represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante el sistema del control penal y la policía administrativa . Para la doctrina española, la seguridad ciudadana es una situación social en la que no existen riesgos o peligros para los ciudadanos, es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello. En definitiva, se trata de una situación que debe garantizar a los ciudadanos el libre y pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos y libertades que ostentan, tanto individuales como colectivos, en el marco de la Constitución.

La categorización de la seguridad como un derecho individual, permitiría exigir al Estado la creación de las condiciones necesarias para su disfrute y cambiaría el paradigma de su visión . Sin embargo, a pesar de las crisis recurrentes de los últimos 13 años, el concepto continúa sumido en la indefinición y su observancia reducida a una frustración social.

La voz seguridad pública alude aún hoy en día, más a la seguridad del Estado que la del ciudadano, por más esfuerzos que algunos tratadistas intenten hacer a favor del mismo. Referirlo como derecho, colocaría al Estado Mexicano y a sus cuerpos de seguridad, en una tarea nada sencilla: velar por el respeto del ejercicio de los derechos y forzaría a una visión democrática del tema, Sin embargo, es una realidad que nuestras agencias de autoridad, durante décadas, ha sido utilizadas para el control político, más que para el control social democrático. Consideramos que toda reforma debería partir de este punto. Pero posiblemente una modificación de esta naturaleza, no sería cómoda para quien ejerce el poder.

4. La militarización de la seguridad.

El fracaso de las policías en la prestación del servicio de seguridad, no es una falla de la que se deba responsabilizar directamente a los ciudadanos que escogieron esa actividad y que en encontraron en la de policía, una manera de escapar de la exclusión social. Las razones de ese fracaso ha sido la errática conducción de las corporaciones, la falta de interés en capacitar a los elementos, pero sobre todo, la ausencia de un régimen de seguridad social que les dé a ellos la seguridad básica de subsistencia y así, estar en condiciones de proveernos de la seguridad que requerimos . Pero en lugar de atender estas carencias, el Estado las ha acallado y suplido con la militarización.

La incursión de militares en los mandos medios de las corporaciones policiales, se ha incrementado en los últimos años así como el nombramiento de Generales retirados a cargo de las policías estatales. Con ello, se ha pretendido introducir disciplina y lealtad, que son las características más destacadas del Ejército Mexicano, pero no es la única opción para ello. Militarizar a ciudadanos uniformados, implica severos riesgos.

Por otra parte, a nivel federal como se expuso anteriormente, se han sumado miles de soldados a la Policía Federal, en tanto que en la actualidad, se ha dejado al Ejército la responsabilidad de patrullar las calles de aquellas ciudades azotadas por la violencia, sustituyendo en algunos casos prácticamente a las policías civiles.

Este esquema de intervención militar en tiempos de paz, es opinable. Si bien es cierto que la Constitución autoriza la disponibilidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior, también lo es que dicha facultad se engloba en la posibilidad y riesgo de invasiones que pongan en peligro la soberanía nacional.

El artículo 129 de la Carta Federal dispone:

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas.

Desplegar territorialmente al Ejército, envía muchos mensajes: 1) Rotundo fracaso de la sociedad civil en el tema criminal; 2) Un cogobierno cívico-militar militar civil; y, 3) Una alineación estratégica con el vecino del Norte .
Uno de los riesgos que implica esta decisión, es que en lugar e aproximarnos hacia una visión de la seguridad ciudadana, nos dirigimos a una peligrosa fusión de la seguridad pública con la seguridad nacional. Nadie puede poner en duda la institucionalidad del Ejército y nadie puede desconocer que el único aparato que ha funcionado de manera altamente efectiva en la lucha contra el narcotráfico ha sido precisamente el Ejército, por medio de su Sección de Inteligencia Militar. Como toda corporación humana ha tenido sus momentos de oscuridad por elementos nocivos. Pero, el riesgo no está en la institución, sino en el manejo político-autoritario que del mismo se pretenda hacer . 1968 fue una dolorosa lección para todos los mexicanos. Exponer al Ejército en una tarea de esta naturaleza, traerá más saldos negativos que positivos. Era, nuestra última instancia. Al inicio de la administración, la han agotado. ¿Qué seguirá?

5. Un Holocausto.

La seguridad no es el área responsable de prever y evitar la criminalidad. Esta se halla inherente a todo grupo social y sus causas inmediatas son la falta de educación, democracia efectiva, inequidad social, falta de empleo, entre otras. El Gobierno debería buscar en sus entrañas las razones y soluciones de este fenómeno complejo, pero atendible y solucionable.

No será con una sobre reacción de los cuerpos policiales como se logre frenar el fenómeno de violencia que actualmente se padece en México. La violencia es resultado de una inequidad social extrema. Se requiere tomar decisiones de largo plazo, que políticamente no son rentables y una de ellas pasa por la Reforma Policial que se ha vuelto inaplazable. La Reforma Policial no se agota en la unificación policial, sino en la atención de lo básico que es la crisis en que se hallan la mayoría de los elementos dedicados a éstas tareas. Primero que se resuelva esa crisis. Y al hacerlo, se estará caminando para enfrentar la otra, esa, que seguirá cobrando miles de vidas en una especie de holocausto. Al tiempo.

VIOLENCIA EN EL FUTBOL ¿POR DONDE EMPEZAMOS? (2008)

2010-03-07T07:16:00.002-08:00

En las últimas semanas se ha vuelto a colocar en la mesa del debate, la urgente necesidad de introducir medios que permitan erradicar la violencia que se presenta en los estadios de fútbol en el país. Las propuestas van desde la creación de nuevas figuras delictivas y hasta la intervención de la Policía Federal Preventiva para el control de multitudes.

Sin embargo, visto el asunto con distancia y sobre todo, con serenidad, lo que debe ponerse auténticamente en la mesa de la discusión, es, siguiendo a Tomás de Aquino, la causa de la causa, porque ella, es la causa de lo causado.

La Federación Mexicana de Fútbol, es un ente privado que administra discrecionalmente el sistema de competencia del deporte más visto y seguido en nuestro país. Sus estatutos, como cualquier otra empresa privada, contiene socios, reglas, bases, etcétera y, sus afiliados, se obligan a respetar sus lineamientos básicos. Sin embargo, en más de una ocasión el interés de un club puede estar en dirección contraria a los intereses de la Federación. El caso de las barras de apoyo es quizá, el más emblemático, pues por una parte la FEMEXFUT busca llegar a acuerdos, mientras que algunos clubes persisten en su idea de conservar esta forma de animación importada, con todo el riesgo que ello conlleva.

Por ello, cuando se habla de aplicar diversas estrategias para frenar la violencia, primero debería atisbarse a los intereses de los clubes por mantener esta forma multitudinaria de participación. Italia quizá puede ser nuestro mejor referente. Las vinculaciones de las barras y grupos de crimen organizado ligados al sistema político de aquélla Nación debiera ser una llamada de atención urgente, pero no para reaccionar al final de la cadena, sino para hurgar en el primer eslabón.

Por ello, se debe comenzar por el principio: ¿Quién regula a la FEMEXFUT? La CONADE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que carece de un poder de vigilancia y de sanción hacia sus más de cincuenta federaciones afiliadas. Su marco jurídico es pobre y difuso. De acuerdo con su naturaleza, la CONADE tiene como finalidad fomentar y promover la Cultura Física y el Deporte en el País. Luego entonces, ¿cómo podría ser el control que ejerciera en una Federación que promueve el deporte como espectáculo? Por eso es importante distinguir entre el fomento deportivo y la explotación económica del deporte profesional como tal.

EL CRIMEN AL RESCATE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (2009)

2010-03-07T07:16:00.001-08:00

Para los economistas, el robo es una simple transferencia ilegal de recursos. Esto se explica porque, el criminal, no esconde el producto del robo, al contrario, lo devuelve al mercado para obtener ganancias, las cuales, también seguirán ese destino. El crimen, entonces, mueve economías.

Por cuanto hace a la industria automotriz, la severa situación mundial puede representarle beneficios en el caso de México. Veamos: en el 2008, el índice de vehículos robados superó en 14 por ciento al 2007, con 57,295 vehículos robados. Una gran mayoría de dichas unidades, contaban con seguro, lo que les permitió – y permitirá - a futuras víctimas, adquirir un nuevo vehículo. A mayores robos, mayores ventas.

Este adagio puede cumplirse en la medida en que la demanda del mercado no varíe: En tiempos de crisis, miles de personas apostarán por la ilegalidad y compraran vehículos robados cuya características sean su movilidad y ahorro de combustible. Las trasnacionales Nissan y Volkswagen se verán favorecidas con esta actividad criminal, que se convertirá en una especie de rescate en medio del caos financiero mundial. Por tal razón, el público no debe esperar que en el corto plazo, dichas agencias o el Estado, las forze a colocarles de fabrica, sistemas de localización satelital o de protección eficaz, porque ello acabaría con su proyección de ventas, provocaría el cierre de plantas y pérdida de empleos. Es preferible que el consumidor, siga pagando el tributo al crimen, a la industria y al Estado.

El dilema actual para la autoridad sobre este tema, es la inminencia de las próximas elecciones intermedias, principalmente en aquéllos estados que sufren este flagelo (Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, entre otros): Si se deciden a combatir el robo de vehículo para generar una percepción de seguridad entre sus potenciales votantes, podrá lograrlo con grandes despliegues policiales, pero sólo por unos meses, hasta pasada la jornada electoral. Pero esos pocos meses serán los suficientes para que el hampa mute temporalmente su actividad hacia una de las peores expresiones criminales: el secuestro. Así sucedió con la crisis del 94 y los años posteriores, lo cual debiera ser tomado en cuenta por las autoridades. ¿Proteger a sus electores o a las trasnacionales? La respuesta, parece demasiado obvia.

EL CASO STANFORD (2009)

2010-03-07T07:15:00.001-08:00

Es altamente probable que el nombre de Allen Stanford, termine sumándose al de otros célebres estafadores que forman parte de la historia negra de los delincuentes de cuello blanco, cuyas acciones son mucho más devastadoras que las realizadas por otro tipo de criminales.

La mente criminal de este texano, encontró en América Latina, un terreno fértil para sus propósitos: leyes laxas, nula vigilancia de la autoridad, sociedades emergentes en plena crisis y personas ávidas de encontrar un mejor rendimiento en sus dineros. Así las cosas, se decidió a montar su escenografía: aperturó sucursales en los mejores barrios de aquéllos países que se puso como objetivo; hizo creer a miles de inversionistas sobre la seriedad de su empresa y que sus Certificados de Depósito les generarían intereses por encima de los ofrecidos por cualquier otra institución financiera. Todo esto fue aderezado, claro está, con champagne, torneos de golf y viajes.

Lo que nunca dijo, es que las triangulaciones de recursos hacia Paraísos Fiscales, es una operación de altísimo riesgo para el inversionista – además de ilegal – por la ausencia de un marco legal que establezca garantías y responsabilidades de la Casa de Bolsa.

Ahora que se ha puesto al descubierto este fraude descomunal, la autoridad responsable de la fiscalización de este tipo de operaciones en México, nos ofrece un panorama kafkiano: pide apoyo a los afectados para enterarse de que operaciones realizaba Stanford, institución que supuestamente se hallaba bajo su escrutinio.

Esta circunstancia, debería por lo menos, provocar: a) Una investigación a las autoridades que por omisión, permitieron este fraude; b) Una apertura en la información sobre que otras empresas en el país están replicando dicho modus operandi, a efecto de advertir a los inversionistas e iniciar las acciones correspondientes; c) motivar una cultura financiera para la previsión de estos actos y, d) para las víctimas, la necesidad de instaurar demandas en México y en Estados Unidos.

Pero no se piense que la justicia americana actuará mejor que la nuestra: Stanford es estadunidense. Alla, (y aquí también) los delincuentes de cuello blanco reciben un trato preferencial de las agencias gubernamentales. Pero también, aquí y allá, existe una corresponsabilidad gubernamental ineludible, que deberá hacerse valer.

WAG THE DOG MRS CALDERON? (2008)

2010-03-07T07:13:00.000-08:00

Wag the dog es el título de una película norteamericana del año de 1997, dirigida por Barry Levinson, en la cual comparten créditos los actores Doustin Hoffman y Robert de Niro. El argumento de la historia se basa en los esfuerzos por distraer la atención del electorado estadunidense ante un escándalo sexual en el que se encuentra involucrado el Presidente de los Estados Unidos y el cual pe puede hacer perder su reelección en la inminente jornada electoral. Las habilidades de un politólogo (De Niro) y de un productor hollywoodense (Hoffman) logran inventar una guerra que arrastra al pueblo de Norteamérica hacia la angustia bélica; a venerar héroes inexistentes pero muy necesarios en este tipo de contiendas y a entonar una rítmica canción típica de soldados americanos, dejando de lado el bochornoso evento carnal y permitiendo así que el Presidente se alce con el triunfo en las elecciones.

Esta cinta retrata de manera elocuente, el uso que el poder político hace de los medios de comunicación, mismos que en la búsqueda del raiting, elaboran oscuras alianzas, independientemente de la veracidad del contenido de sus noticias. El objetivo es producir temas que permitan a la sociedad olvidar los auténticos problemas que ponen en entredicho un sistema institucionalizado.

La cita de esta producción cinematográfica, viene a colación por el entorno que se vive actualmente en México, donde después de las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006, la sociedad continúa polarizada y el resultado de las mismas continúa en entredicho. Una prueba de ello, es la reciente Reforma Electoral, donde el Presidente del Instituto Federal Electoral – responsable de la organización de las impugnadas elecciones –, fue ofrecido en sacrificio a cambio de una votación favorable a dicha ley, en el Congreso de la Unión.

Tal y como se ha advertido por parte de especialistas y de Organismos No Gubernamentales protectores de los Derechos Humanos, ha causado gran preocupación la voluntad del actual régimen de dejar descansar la legitimidad de su gobierno en las Fuerzas Armadas. Las señales que confirman esta afirmación, van desde los incrementos salariales al personal, su empleo en el combate a la criminalidad, la creación de Fuerzas Especiales dentro del propio Ejército y hasta por las diferentes ocasiones en las que el Titular del Ejecutivo se ha dejado ver semiuniformado militarmente, acciones que ha llevado incluso a su ámbito familiar. Esta vocación armada, es riesgosa para un país con nuestros antecedentes.

El empleo de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad, ha arrojado un saldo más negativo que positivo. Recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha emitido 4 recomendaciones por hechos verdaderamente graves cometidos por el personal armado. Se trata de las recomendaciones números 37, que se refiere a los hechos sucedidos en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006, donde 14 mujeres fueron violadas tumultuariamente por militares del 14° Regimiento Motorizado; la recomendación 38 relativa a las detenciones arbitrarias, tortura, ejercicio indebido de la función pública y allanamientos ocurridos el 2, 3 y 4 de mayo del 2007 en los Municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán; la recomendación número 39 relacionada con la detención arbitraria y tortura por más de 15 horas de 7 personas y un menor, así como allanamiento de domicilios y robo de objetos en el Municipio de Apatzingán, ocurrido el 7 de mayo; y la última, la número 40, sobre los hechos ocurridos el primero de junio en el Municipio de Sinaloa de Leyva, donde un retén integrado por soldados que dieron positivo al examen toxicológico al consumo de cocaína, asesinaron arteramente a una familia incluyendo menores de edad entre sus víctimas.

Hace unos días, el Juez Segundo Penal en Monclova, Coahuila, dictó la sentencia a los 8 militares detenidos (aún existen prófugos) por los hechos de Castañuelos, de los cuales 5 fueron absueltos. Tal resolución, en medio de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, generó irritación en diferentes sectores del País, por considerarla pusilánime e injusta con relación a las víctimas de las atrocidades cometidas por los soldados. Es por ello, que los eventos aparentemente sucedidos en la madrugada del 5 de octubre de 2007 en Tampico, Tamaulipas, generan mucha especulación y traen a la memoria la película citada al inicio de este artículo.

Esto es así, porque durante los noticieros del mediodía, se manejaban los rumores de un fuerte enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en el Estado de Tamaulipas, con un saldo de aproximadamente 15 muertos y un decomiso histórico de cocaína: 10 toneladas. Las acciones en las cuales participan miembros del ejército, se caracterizan por su falta de transparencia; baste recordar el movimiento estudiantil de 1968 como una prueba fehaciente de ello. Su cerrazón informativa es infranqueable.

Llaman la atención sobre estos hechos, diferentes elementos, como enseguida se verá. Conforme al comunicado de prensa número 128 emitido por la Dirección General de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la actuación del personal militar obedeció a que al efectuar labores de reconocimiento, recibieron una denuncia anónima sobre personas armadas que a bordo de vehículos cerraban una calle de la colonia Américo Villarreal, de Tampico, Tamaulipas; que ubicaron a personas descargando bultos de un contenedor enganchado a un tractotamión lo que provocó un enfrentamiento, la cual fue repelida sin que se registraran bajas en ninguna de las partes.

Sobre ello, existen varias preguntas. ¿Cuál es el teléfono al que la ciudadanía puede realizar denuncias anónimas al personal militar? ¿Cómo se recibió esa denuncia anónima? ¿En qué horario ocurrió? ¿Dónde se hallaban las autoridades civiles competentes y cuál es la razón por la que no participaron del hecho? ¿Un cargamento esa naturaleza es custodiado por 7 personas de las cuales sólo 5 estaban débilmente armadas? ¿Dónde están los detenidos? ¿Por qué en ésta ocasión no fueron presentados a los medios de comunicación? ¿Las toneladas de cocaína llegaron por buque? ¿Dónde está el buque? ¿Dónde el personal de aduanas o puertos que permitió su ingreso?

La falta de transparencia da pie a la suspicacia. En 1989, efectivos militares irrumpieron en el domicilio del otrora líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, precisamente en Tamaulipas, para sembrar armas e iniciarle un proceso penal que lo mantuvo largos años en la cárcel, al tiempo en que era destronado del imperio sindical que lideraba. Este hecho es recordado como “El Quinazo”, práctica que se ha institucionalizado en la política nacional, al grado que a cada nuevo Presidente en el inicio de su sexenio, se le reclama una acción contundente como una prueba de su firmeza y de combate a grupos disidentes.

Como otra prueba del manejo mediático de las acciones de gobierno para generar distractores está la efectuada en el 2006 por la Agencia Federal de Investigaciones, cuando recreó para la televisión, la detención de una temible banda de secuestradores conformada tan sólo por un matrimonio y a quienes la Procuraduría bautizó como La Banda del Zodiaco. Esta pareja, fue ilegalmente trasladada desde las instalaciones de la PGR hasta un rancho en el Ajusco, para poder transmitir en vivo, su supuesta detención, lo que originó airadas protestas de las Embajada de Francia en México, dada la nacionalidad de la cónyuge de este matrimonio organizado para la comisión de secuestros.

Hoy, ante las evidencias de las violaciones cometidas por personal militar y con el riesgo inminente de que se deteriore aún más la antes pulcra e intachable imagen del Ejército Mexicano, Calderón, acuerda visitar el Estado priista de Tamaulipas, señalado como cuna de uno de los Cárteles más violentos del país, donde de manera coincidente, se genera el histórico decomiso. De esta manera, alcanza dos objetivos: uno de ellos, restablecer la vapuleada imagen de las Fuerzas Armadas y sostener que su empleo en la lucha contra la criminalidad continuará y, por la otra, apuntala a los candidatos de su Partido, ante las próximas e inmediatas elecciones, a celebrarse el 11 de noviembre del 2007.

Conclusión: El título de la producción cinematográfica que da pie a este artículo, está tomado de una broma: ¿Por qué el perro mueve la cola? Porque el perro es más inteligente, de lo contrario, la cola movería al perro.

Wag the Dog, Mr. Calderón?

REPORTAJE DEL REFORMA SOBRE OSIEL

2010-03-01T10:15:00.001-08:00

Revelan que 'El Lazca', líder del grupo concebido como brazo armado del Cártel del Golfo, es el responsable de la 'diversificación criminal'

REFORMA / Redacción

Ciudad de México (1 marzo 2010).- Tiene debilidad por las mujeres rubias, afición por las carreras de caballos y en el último lustro se ha apasionado por otro deporte: la cacería de gacelas, cebras y animales exóticos en reservas de Coahuila y San Luis Potosí.

Nació en 1974 en Apan, Hidalgo, lugar célebre por sus pulques, y a los 17 años se inscribió en el Ejército, donde pensaba hacer una carrera en el arma de Infantería, pero siete años más tarde un ex militar lo convenció para convertirse en guardaespaldas y promover su baja voluntaria de las Fuerzas Armadas. Fue la decisión más importante de su vida, era 1998.

Hoy, Heriberto Lazcano Lazcano tiene 36 años, le dicen "El Verdugo" y maneja los hilos de más de 400 delincuentes que en 18 estados de la República han convertido en una industria al secuestro, la extorsión, el homicidio y la venta de droga.

Por eso es el número uno de "Los Zetas".

Diversas investigaciones ministeriales y fichas de corporaciones de México y Estados Unidos que siguen de cerca a "El Lazca", lo refieren como el hombre que logró mantener un liderazgo en la organización, gracias a sus métodos brutales para contrarrestar a los enemigos y al régimen de disciplina interna: a los "Zetas" infractores los ejecuta o los "apanda" o los deja sin comer.

Aunque se trate de un amigo, Lazcano siempre ha separado a los negocios de sus relaciones personales y eso lo sabe Alfredo Rangel Buendía "El Chicles", uno de sus hombres de mayor confianza, quien un día le pidió dinero prestado para comprar fayuca y no le pagó en el tiempo convenido.

"Lazcano nos ordenó a todos los del Cártel del Golfo que matáramos a "El Chicles", por lo que Iván Velásquez Caballero "El Talibán", con clave "L 50", le dijo que se acercara a un punto de la Colonia Madero en Nuevo Laredo, por lo que cuando llega "El Chicles" en un Sentra, lo enganchamos, es decir lo agarramos y lo íbamos a matar.

"Pero 'El Talibán' habló con Lazcano y le dijo que él le iba a recuperar el dinero y que nada más lo castigara, a lo que Lazcano nos ordenó que lo tuviéramos amarrado un mes, ahí teníamos la orden de darle agua una vez al día y de comer una vez al día, para que no estuviera yendo seguido al baño", declaró el testigo protegido "Karen".

Desde la captura de Osiel Cárdenas en 2003, este hidalguense hizo emigrar a "Los Zetas" de las drogas a otros delitos, estableció nuevas jerarquías en imitación al Ejército, incluyó en sus huestes a "kaibiles" de Guatemala y decidió desplegar operaciones de asalto espectaculares para rescatar a sus cómplices.

Sus pistoleros hoy dicen ser parte de "La Compañía" y Lazcano se ha encargado de hacerles sentir que es así, pues cada fin de año hasta organiza posadas en Matamoros con sus jefes de plaza y en ellas les informa de los relevos y cambios en la estructura criminal.

Ingreso

El 27 de marzo de 1998, Lazcano obtuvo su baja del Ejército y con ello renunció a la carrera que había iniciado el 5 de junio de 1991 en la milicia. En 7 años, según registros públicos de la Sedena, sólo logró un ascenso y sucedió el 5 de julio de 1993, a Cabo de Infantería.

El personaje que le persuadió a dejar las Fuerzas Armadas era otro militar que había desertado el 27 de septiembre de 1997, medio año antes que Lazcano. Se llamaba Arturo Guzmán Decena y a su vez había sido contratado por Osiel Cárdenas Guillén para que le organizara una especie de guardia pretoriana, pues estaría conformada sólo por ex militares. Guzmán se autodenominaba "Z-1".

Este es el origen de "Los Zetas", que deben su nombre al color azul zeta de los uniformes de los oficiales del Ejército.

El Subteniente Alejandro Lucio Morales Betancourt "Z-2" fue subjefe de la agrupación delictiva hasta su captura, el 17 de noviembre de 2001. Al convertirse en el testigo protegido "Yeraldine", relató que la primera tarea encomendada a "Los Zetas" fue la eliminación de los enemigos de Osiel.

Y desde ese momento, Lazcano se hizo distinguir frente a los demás.

Morales recuerda en un testimonio rendido en la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/111/2003, que precisamente en febrero de 1999 Osiel citó a Arturo Guzmán Decena "Z-1" en una casa de Reynosa y le encomendó juntar 20 pistoleros para asesinar a Rolando López Salinas "El Rolys".

"Llegaron a una casa en Miguel Alemán ubicada sobre la Calle Décima, no logrando dicho objetivo en virtud de que solamente ingresaron Arturo Guzmán y Lazcano, realizando disparos, pero fueron recibidos a balazos por la gente que se encontraba en ese lugar.

"Lazcano disparó a un tanque de gas provocando su explosión y ante esto salimos corriendo de dicho lugar... en esa ocasión hubo muertos en esa casa, pero la Policía Ministerial se encargó de ocultarlos y de que no se supiera nada", dijo el 15 de febrero de 2002.

Por esas fechas, en marzo de 2002, Decena y Lazcano "cazaron" a 4 agentes de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, que notaron que les seguían. Lo peor no fue que los torturaran y les hicieran confesar que trabajaban para la banda rival, la de Dionisio Román García "El Chacho", operador de "El Chapo" Guzmán en esa frontera.

"Los mataron Guzmán Decena 'Z-1', Lazcano, 'El Caris' y Leopoldo Flores Soto y después los incineramos adentro de un tambo de metal de 200 litros, hasta que se consumieron completamente", relató.

Luego tocó el turno al propio "Chacho", a quien "Los Zetas" ejecutaron el 13 de mayo de 2002.

'Invierten' sicarios en cártel

Entre 1997 y el 2002, Osiel Cárdenas implementó un método de inversión interna sui géneris para expandir su organización.

Le llamaban "la polla" y consistía en regalarle a cada nuevo militar y civil que ingresaba a sus filas, una suma de 3 mil dólares.

Con el dinero, debían comprar cocaína, cruzarla a Estados Unidos, colocarla en el mercado y hacerse de contactos para su distribución, contó el testigo protegido "Rafael" el 10 de abril de 2003, en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/111/2003.

Todos compraban la droga a los colombianos Vicente y Camilo, quienes eran contactados en Coatzacoalcos. Conforme obtenían ganancias, cada Zeta las reinvertían y adquirían mayores cantidades de droga.

"Heriberto Lazcano Lazcano clave 'Z 3', mandaba comprar 18 kilos de cocaína", recuerda el testigo colaborador.

La reproducción de la empresa criminal iba sobre ruedas y hasta entonces, no había registros en las investigaciones de la PGR, de que Los Zetas se dedicaran a giros delictivos ajenos al narcotráfico. Todo cambiaría en un breve periodo de tiempo.

El 14 de enero de 2002 el Ejército detuvo a Rubén Sauceda Rivera "El Cacahuate", el tesorero de la organización, y el 21 de noviembre del mismo año, el líder histórico de Los Zetas, Arturo Guzmán Decena "El Z1", murió en un enfrentamiento con militares en Matamoros.

El remate vino el 14 de marzo de 2003, cuando Osiel Cárdenas fue capturado en un operativo militar.

En 14 meses, el Ejército dejó a la banda sin su líder, sin el jefe de finanzas y sin la cabeza de su brazo armado. Pero coincidentemente, en ese momento se abrió un nuevo frente externo, pues Joaquín "El Chapo" Guzmán y su primo Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", entonces socios, decidieron invadir y arrebatarles Nuevo Laredo a Los Zetas, con una avanzada de 200 pistoleros sinaloenses.

Inició una guerra encarnizada que debían enfrentar con finanzas flacas y sin liderazgo.

Mateo Díaz López "El Comandante Mateo" o "Z 10", recordó el 17 de julio de 2006, en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/122/2006, que fue en esa coyuntura cuando Lazcano emergió como líder.

Sus primeras decisiones fueron importar "kaibiles" de Guatemala y capitalizarse con los secuestros, las extorsiones y homicidios dentro y fuera de Tamaulipas, para tener recursos que demandaba esta guerra.

"A la detención de Osiel, hubo muchos problemas dentro de la organización, ya que sus principales líderes como Eduardo Costilla y Gregorio Sauceda se desorientaron y querían esconderse, por lo que Lazcano con clave 'Z-30' retomó la organización y los calmó.

Para poder sostener una organización con diversos giros, Lazcano generó una nueva estructura dividida en células regionales especializadas por delito; "estacas" o grupos de 7 personas que operan a nivel municipal; "halcones" o vigías, y auditores que revisaban de en vez en vez a todos ellos.

Para "El Verdugo", hay reglas básicas en cuanto a las comunicaciones entre miembros del Cártel.

"El número de Nextel de Lazcano lo grabé con las letras "Md", pero cada vez que detienen a algún miembro de la organización, todos tiramos los teléfonos a la basura y compramos nuevos teléfonos y radios", declaró Mateo Díaz.

Junto con la coerción, también había incentivos. "Las reuniones (de fin de año) las realizó para que todos los que trabajaban para la organización de Los Zetas se conocieran entre ellos, en esas reuniones se pagaban sus aguinaldos, participaban en rifas de casas y automóviles, que también en ese tipo de reuniones era cuando Heriberto Lazcano Lazcano designaba al personal que se iba a ir con ellos a las diferentes plazas que tenían a su mando, entre ellas México DF, a cargo de 'El Rex'", declaró "Karen" el 24 de junio de 2007.

Así, los Zetas resistieron.

Sobre la derecha paramilitar en México o la Plutocracia de San Pedro Garza García

2009-11-02T17:41:00.000-08:00

San Pedro Garza García, es un Municipio del área metropolitana de la capital del Estado de Nuevo León, el cual tiene dos características sobresalientes: La primera, es que ocupa el segundo lugar en ingreso per cápita de todo el país y, la segunda, es que su actual Presidente Municipal de extracción panista y Regidor por segunda ocasión, Mauricio Fernández (2009-2011), puede ser el nuevo Jefe de Jefes de los Camisas Negras de la extrema derecha.

La historia surge a raíz de la implosión que el narcotráfico ha tenido en la vida de nuestra nación desde hace más de medio siglo y en la que el Estado neolonés ha sido una suerte de instancia geográfica y de campo férti para la economía gris de sus ganancias.

Los últimos años y como el propio Alcalde lo confiesa en una entrevista grabada sin su conocimiento (Reporte Indigo), San Pedro Garza García se convirtió en el asiento de uno de los más poderosos capos del narcotráfico en México: Arturo Beltrán Leyva. La aparente edición de su entrevista, deja entrever la intención de Fernández de pactar la seguridad de su Municipio con el dirigente de esa organización criminal, a fin de erradicar la venta de droga, meta loable pero imposible. Sus posteriores discursos públicos para precisar su postura a raíz de la divulgación de sus comentarios, lo dejaron entrever como una apología del Senador Volstead, aquél que con su puritanismo logró una Enmienda para la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, logrando con ello hundirlo en uno de sus períodos más sangrientos y el consecuente empoderamiento de los sindicatos del crimen, como los dirigidos por Gabrielle Alphonse Capone y Lucky Luciano, por mencionar algunos.

Pero la audacia del sampetrino no quedó en una andana bravatera, típica de los políticos norteños, quienes se precian de ser “echados pa delante” y de “tomar el toro por los cuernos”. El mismo día de su toma de posesión, anunció de manera triunfal la ejecución del principal operador de los Beltrán Leyva en su Municipio, un narco apodado “El Negro Saldaña”, quien había sido ejecutado horas antes en la capital de la República, al más puro estilo camorrense. Tuvo conocimiento del hecho antes que los medios de comunicación y antes que las autoridades: ergo, sus autores le informaron”

La información, que tomó por sorpresa al flamante gobernador de extracción priísta, arrancó la ovación del respetable: Tal parecía que justificaban en ese acto, las arteras actuaciones de sus antepasados, como la Santa Hermandad o de los Jueces del Tribunal de la Acordada del Siglo XIX, instituciones creadas ante los vacíos del poder establecido frente a las bandas de salteadores y plagiarios que azotaron (y azotan) durante esos años a nuestra Nación.

En este punto, cabe una reflexión: El político busca ser eficiente y en ello se le van las horas de los días de su encargo. Las actuaciones mediáticas le reditúan enormemente. Sin embargo, es preciso analizar lo sucedido, a la luz de experiencias internacionales.

Por ejemplo, en Colombia, los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil, decidieron invertir gran parte de sus riquezas en la conformación de un ejército paramilitar, ante el secuestro de su padre Jesús Antonio Castaño González, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes a pesar del pago, lo ejecutaron. A partir de ese hecho, los hermanos juraron vengar la muerte de su padre, envueltos en un rencor disfrazado de heroísmo, se dedicaron a realizar acciones de limpieza en Antioquia y fincas aledañas, curiosamente la zona de origen de Uribe y donde él mismo fue víctima de extorsiones. El paso del tiempo los llevó a aliarse con el narcotráfico de la mano de Pablo Escobar Gaviria, de quien se distanciaron y posteriormente coadyuvaron con las autoridades establecidas para su captura y muerte.

Así las cosas, el paramilitarismo colombiano permitió a las autoridades deshacerse de “ciudadanos incómodos” y de aquéllos que apoyaban las actividades “subversivas”, permitiendo las ejecuciones extrajudiciales, absteniéndose de su investigación y persecución, siempre y cuando, tales grupos no se convirtieran en una amenaza para la estabilidad del régimen.

La llegada del derechista Alvaro Uribe a la presidencia de Colombia no implicó un cambio en las condiciones de los grupos paramilitares, por el contrario, les ofreció una especie de indulto, aludiendo a la ley 782 del año 2002 y se les consideró como organizaciones civiles de apoyo y respaldo a las fuerzas de seguridad en su lucha contra las guerrillas y los delitos que de ellas derivan, justificando su existencia con el argumento del “derecho natural a la legítima defensa”, misma ideología que sustenta a los integrantes de la Asociación del Rifle en los Estados Unidos de América. En Colombia, se considera al modelo paramilitar como “un ejemplo de la defensa comunitaria que favorece el control social democrático” (¡) Sobre este tema, es ampliamente recomendable leer el artículo de Iván Cepeda-Castro titulado Los paramilitares: dispositivo del modelo "democrático" de control social.

Pero, volviendo al norteño Municipio sampetrino, Manuel Fernández su actual Alcalde, había advertido días antes de su toma de posesión, que tomaría atribuciones que no le correspondían y que utilizaría "equipos de trabajo rudo" para limpiar a su comuna y, después del rimbombante anuncio de la muerte del capo que lo había amenazado de muerte, se justificó con el ardid de que se trató de “una mera coincidencia”

Pero, lo que no son coincidencias, son los hechos: Alvaro Uribe, Mauricio Fernández y Felipe Calderón, pertenecen a Partidos ideológicamente identiifcados con la derecha; ambos países (Colombia y México), están sumergidos en severas crisis sociales de divisionismo y de latentes riesgos de explosiones sociales. El argumento de la legítima defensa y de la “limpieza social”, es propia de regímenes eugenésicos y fascistas, como el encabezado por Benito Mussolini que, a través de sus camisa negras, se dieron a la tarea de eliminar a los adversarios.

Después de la múltiple ejecución que tuvo lugar en la izquierdista capital del País, hay varias preguntas: ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿A ésta actuación se refería el Secretario de Gobernación cuando alardeó con su “Los estamos esperando”? ¿Acaso ante el vacío de la autoridad Mexicana, los empresarios han llenado ese espacio con los sicarios ex integrantes del Mossad que operan con patente de corzo en nuestro país? ¿Acaso no saben que el día de mañana sus propios salvadores serán sus verdugos? ¿El PAN decidió mandar los cuerpos al Distrito Federal como un mensaje de advertencia o para explotarle la crisis de inseguridad generada por ellos mismos?

Rodrigo Medina, Gobernador de Nuevo León, tiene ante sí el reto que resolvió parcialmente Ney González, Gobernador de Nayarit quien giró un ultimátum de 24 horas a sus autoridades para detener a los responsables de haber tomado la justicia entre sus manos y haber detenido, golpeado y vejado a jóvenes por presuntamente haber robado una casa. Aunque es posible que los huicholes estén hechos de una madera distinta que los regios.

Si la PGR se abstiene de investigar adecuadamente estos hechos, bajo el pretexto de que se trata de una ejecución más, como las más de seis mil que han ocurrido en México desde el año 2006 o si actúa como la procuraduría capitalina a la Poncio Pilatos al lavarse las manos, se enviará el mensaje de que en México se ha dado luz verde a la actuación de estos grupos que operan en Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero; confirmarán la version que el ERPI difundió hace meses en el sentido de la existencia de acuerdos secretos entre grupos del narcotráfico y el Gobierno Federal para que los primeros eliminen a los subversivos; y de esta manera, pavimentarán el camino para la implantación del fascismo en México, la confirmación de la Plutocracia y la impunidad de un Alcalde que terminará convirtiéndose por la vía del voto duro, en Gobernador de un Estado fronterizo de los Estados Unidos.

¿Estará la suerte echada? . . . Me comprendes Mendez?

JOSMAR Y EL ESTADO DEBIL

2009-09-20T12:43:00.000-07:00

“Me gustaría comenzar una religión.
Ahí es donde está el dinero!”

L. Ron Hubbard
Fundador de la Cienciología

El secuestro del avión de la empresa aeroméxico que cubría la ruta entre Cancún y el Distrito federal, realizado por el boliviano Josmar Flores el pasado nueve de septiembre del dos mil nueve, dejó al descubierto diversos temas que motivan a un análisis: Por una parte, tenemos el hecho en sí y, por la otra, sus consecuencias.

Por cuanto al primero, debe decirse que el fanatismo religioso descansa en la falsa premisa del pensamiento único, que no admite la diversidad y entiende como adversario todo aquello que le disienta. La necesidad de la fe, está proporcionalmente relacionada con la desventuranza que ofrece la realidad. En la Edad Media, la Iglesia Católica se erigió como la única Institución capaz de proporcionar la esperanza de una vida mejor en el más allá, a los millones de excluídos sociales. Sin embargo, al paso de los siglos, su monopolio se fue resquebrajando.

Como reacción a ello, todos los adversarios fueron estigmatizados, pero ningún movimiento lo fue tanto como los musulmanes. Los resabios de la Guerra Santa de los Siglos VIII y IX, aún gravitan sobre el inconseciente colectivo, de algunas buenas conciencias occidentales.

El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, revivió recientemente las críticas hacia el fanatismo religioso. Y en ese tenor, nuestro país fue sacudido durante algunas horas, por el reporte de un avión secuestrado, por parte de un individuo que exigía hablar con el titular del Ejecutivo Federal.

La sorpresa cazó a millones de mexicanos, muchos de los cuales esperaban escuchar reivindicaciones políticas que ocasionaran incluso la simpatía o al menos la empatía por el o los secuestradores. La demanda divina desilusionó y desinfló de pronto la boyante noticia.

Pero las cosecuencias son mayores: 1) Por un lado, el sentimiento de incredulidad por parte de los ciudadanos informados aún de aquéllos que no, sobrepasó con creces a la construcción mediática de una intervención exitosa que podría haber colocado a las autoridades, en un pedestal inmaculado por los siglos de los siglos. La desconfianza ciudadana – con o sin fundamento – es una llamada de alerta para la gobernabilidad. La falta de credibilidad se traduce en falta de legitimidad. 2) El fanatismo religioso, no es propio de el Medio Oriente. Las condiciones infrahumanas en que subsisten millones de compatriotas, son las condiciones perfectas para que cientos de mesías electrónicos, redentores, pastores y demás personajes, amparados en una libertad de culto y ante la indolente omisión gubernamental, enraícen odios, fomenten divisiones y alenten los excesos de la fe para su beneficio. Casos como el de Acteal, en Chiapas, son heridas abiertas de una lesión ocasionada siglos atrás por utilizar a la religión como un instrumento de control social. Hoy fue Josmar, pero mañana, los fatídicos sucesos de los Davidianos de Waco o de los integrantes de la Secta Suprema Verdad en Japón, volverán a sacudir las conciencias de
nuestra sociedad. Si el Estado asumiese su función reguladora y evitase que sus vacíos fueran llenados indebidamente, el fanatismo religioso sería una mera anécdota. ¿O acaso le conviene administrarlo para aparecer como ese Salvador que todos esperan?

La Tentación Autoritaria

2008-09-19T09:02:00.000-07:00

El acto terrorista acaecido la noche del 15 de septiembre del 2008, en la Plaza Melchor Ocampo de la Ciudad de Morelia, Michoacán, entidad natal de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, deja varias lecturas:

a) La falla de los sistemas de inteligencia;

b) La nula capacidad de respuesta efectiva por pate del Estado;

c) La normalidad criminal y sus secuelas; y

d) El aprovechamiento del hecho para gestar la tentación autoriitaria.
a) La falla de los sistemas de inteligencia.

Inteligencia, desde el punto de vista de seguridad, es la actividad que consiste en la recolección, clasficación, explotación e interpretación de la información con el fin de generar escenarios anticipados para la adecuada toma de decisiones. Dicha tarea es propia – que no exclusiva – de los aparatos responsables del orden público. A partir de las labores de inteligencia, se puede establecer una planeación estratégica y en consecuencia, aplicar las tácticas operativas destinadas a producir o evitar un resultado. La falta de labores de inteligencia conducen a fracasos estrepitosos como aquél que sufrió el Gran Ejército Napoleónico en 1812, cuando fue derrotado no sólo por la estrategia seguida por el Zar Alejandro, si no por la falta de labores de información que le permitieran saber anticipadamente al General de Córcega que el severo invierno ruso podría, como lo hizo, diezmar su numeroso ejército, mismo que en Lituania, pasó de medio millón de efectivos a un escuálido pelotón de 30,000.

Hablando de batallas, la pretendida lucha contra el crimen organizado que dice librar el Gobierno Federal, desde el año 2000, ha fracasado precisamente en la planeación y en la estrategia de la misma, al demeritar la importancia que en ella tiene, el atacar de manera prioritaria los factores que alimentan a los grupos criminales: la amoral pobreza, la rústica educación y la corrupción campeante en nuestro País.

También ha mostrado un desdén hacia la información que inclusive pública, le habría permitido esbozar escenarios tan crueles como los que estamos viviendo, es decir, para nadie es un secreto que el alarmante número de enfrentamientos, ejecuciones, desapariciones y diversas acciones asociadas al crimen organizado que se han venido presentado en los últimos años, podría desembocar en eventos tan terribles como los que hemos vivido.

Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en su objetivo de informar a una sociedad atemorizada y escéptica ante la función estatal, pues gracias a ellos, se pudo conocer que diversas autoridades, tanto civiles y militares, días previos al 15 de septiembre, recibieron amenazas en el sentido de que se preparaban acciones letales con motivo de las fiestas patrias, por parte de los grupos delictivos ya harto conocidos y a pesar de ello, fueron omisas en acciones de salvaguarda de la población De confirmarse estas versiones, la investigación de los hechos deberían enfocarse a dos áreas: la primera e insoslayable, identificar plenamente y detener tanto a los autores intelectuales como materiales del atentado terrorista; en tanto que la segunda, políticamente irrenunciable, a fincar responsabilidad a aquéllas instancias que teniendo conocimiento de las amenazas, se abstuvieron de actuar de manera preventiva.

Esto es así, porque para cualquier ciudadano es un hecho notorio el nivel de violencia que se ha alcanzado en el país derivado de la lucha territorial por el dominio de las rutas del narcotráfico. En las últimas semanas, la sociedad de se ha impactado – aunque sea temporalmente – por los decapitados de Yucatán y los 24 ejectuados de Ocoyoacac, Estado de México, sin contar la dosis diaria de ejecutados en diferentes puntos de la Nación. Ahora, suponiendo que las autoridades cuenten con una información de mejor calidad que la de los medios de comunicación, bien podrían haber advertido que desde el sexenio de Vicente Fox, el estado de Michoacán se colocó como uno de los más violentos en cuanto a la disputa tanto del territorio como de los favopres de la protección oficial. Tan sólo en ese sexenio y, siguiendo siempre a las fuentes informativas abiertas nunca desmentidas, la mitad de las ejecuciones entre los años 2000 y 2006 tuvieron lugar en esa parte del terroritorio mexicano. Ahora, si la multiejecución de 24 personas en las proximidades a la capital del País, vinculaban de manera aparente a un grupo delictivo michoacano y las autoridades del estado recibieron información de que se presentarían actos de violencia en la celebración del grito conmemorativo de la independencia mexicana, lo más prudente habría sido suspender tales festividades, a pesar del costo político que ello implicara. Pero contrario a la lógica de la Seguridad, tal parece que las autoridades tanto civiles como militares optaron por actuar conforme a lo políticamente correcto: mantener la celebración, no establecer esquemas operativos de prevención y no alertar a la población, con los funestos resultados por todos conocidos.

Y de manera irónica, no puede pasarse por alto que una semanas antes de estos hechos, los Procuradores del País se reunieron de manera pomposa para delinear las acciones a tomar para combatir el delito de secuestro. Probablemente la próxima semana vuelvan a reunirse para delinear las acciones para combatir el narco terrorismo.

b) La nula capacidad de respuesta efectiva del Estado

De haber actuado con decisión los tres niveles de gobierno, 7 mexicanos inocentes estarían en estos momentos desarrollando normalmente sus actividades y más de 100 no estarían lesionados en la forma en como hoy lo padecen y miles, sino es que millones, no habrian aumentado su psicosis de inseguridad.

Pero a esta tragedia, se sumó de manera inmediata la pobre respuesta del Estado: Las máximas autoridades acudieron al lugar de los hechos más de 35 horas después de sucedidos. El 20 de agosto del 2008, en un terrible accidente de aviación acaecido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el Presidente Rodriguez Zapatero, acudió al lugar del siniestro a menos de doce horas de ocurrido. La respuesta inmediata y eficaz denotan al estadista, el aletargamiento y descontrol, a los pusilánimes.

El vacio de autoridad provocado por las dos granadas que explosionaron en la Plaza Melchor Ocampo, fueron llenados por discursos patrioteros y miles de anuncios televisivos y de radio, ensalzando la lucha contra el crimen. Además, se le endosó a la sociedad la obligación de denunciar a los partícipes del hecho, exhortándola fervientemente a participar en esta lucha, como si de la misma manera se le pidiera su opinión en los paquetes de reformas económicas y fiscales. El vacío que aun subsiste, pronto será llenado con sendas iniciativas de reformas al Código Penal Federal.

c) La normalidad criminal y sus secuelas.

Otro de los aspectos preocupantes de estos hechos, es la normalidad criminal que marcará a las futuras generaciones de mexicanos. Veáse que en este sexenio, que lleva poco más de dos años, más de tres mil personas han perdido la vida de manera violenta. La explicación de las autoridades es pueril y grosera: “se están matando entre ellos”. Esto significa que, al menos la actual administración ha apostado por el lasser faire laisser passe, el dejar hacer y dejar pasar, limitándose a presenciar como un simple espectador como el país se desangra en una lucha criminal motivada por la lucha por el capital. Tales declaraciones promueven la impunidad y fortalecen esos enfrentamientos, que de acuerdo a las leyes de darwin, permitirán a los grandes grupos criminales, deshacerse de sus elementos más débiles y reposicionarse, será como podar las ramas para que surgan nuevas mas largas y fuertes. Y contra ellas, el Estado habrá de doblegarse.

Pero además, el Estado no ha recapacitado en que, las generaciones más afectadas por la violencia son precisamente aquellas que viven en medio del terror causado por una mira equivocada en la forma de atender este fenómeno. ¿Quién se ha preocupado por los niños de Tijuana, Culiacán, Estado de México, Morelia, Ciudad Juárez (por mencionar solo algunos) que se están acostumbrando a estas dantescas escenas? Que nadie se sorprenda si en los próximos veinte años, volvemos a encontrarnos con asesinos en serie propios de la posguerra (Ed Gein, Peter Kürten, el Vampiro de Düsseldorf; Charles Manson, et al.) que vengan a ensombrecer aún más nuestro deteriorado panorama.

Tal situación ha ocurrido en otros países. Y a propósito de lo anterior, varias voces insisten en comparar la experiencia colombiana con lo que pasa en nuestro País, sin darse cuenta que desde hace años nuestra realidad superó por mucho la tragedia de ese país andino y que comparada con nuestra actualidad, aquélla se reduce a una mera anécdota. Pablo Escobar Gaviria perteneció a la generación de la violencia política de Colombia. Ahí pueden encontrarse sus orígenes. En México no hay un Pablo Escobar. Hay cientos de ellos y al paso que vamos se augura el nacimiento de más.

d) El aprovechamiento del hecho para gestar la tentación autoriitaria.

Pero si es ruín y reprobable hechos como los acontecidos en Morelia, lo es aún más que el grupo en el poder pretrenda utilizarlo como pretexto para incluir en el mismo discurso tanto a los criminales como a los disidentes, tentación autoritaria propia de los regímenes fascistas, émulos del reinado del terror francés o de un macarthismo trasnochado.

Esa peligrosa tentación, es quizá de mayor envargadura al reto que se tiene enfrente. Un gobierno en entredicho, débil, ilegítimo y sin rumbo, puede sucumbir no precisamente ante una acción criminal, sino ante sus propios aliados verde olivo que verán en esta coyontura, la oportunidad perfecta para hacerse del poder, ofreciéndose como la única alternativa para garantizar la Paz de la República. Que nadie se extrañe si en los siguientes días, los llamados al estado de excepción y de suspensión de garantías se mutiplican, para de esta manera consolidar por la vía del voto del miedo, el perverso eje azul y verde que harán de la tragedia de México, el pretexto perfecto para perpetuarse en el poder.

¿O habrá sido esta la razón para no actuar antes y prevenir la tragedia michoacana?

La desgracia de millones, será la fortuna de unos cuantos. Al tiempo.

TERRORISMO

2008-09-16T09:18:00.000-07:00

Una guerra requiere de un plan y una estrategia, la cual a su vez puede subdividirse en diferentes tácticas. Toda confrontación tiene como finalidad la derrota del adversario. Pero una condición previa a la planificación, es la tarea de lo que se denomina como inteligencia actividad entendida como la recolección, clasificación, explotación e interpretación de la información para la generación de escenarios que permitan una toma de decisiones. Sin inteligencia, una guerra se pierde desde su inicio. Veamos el caso del combate al crimen organizado por parte de México, en los últimos 8 años. En el sexenio de Vicente Fox y conforme a la información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, del año 2001 al 2006 se registraron más de 9,000 ejecuciones. El 50% de ellas se registraron en el Estado de Michoacán, mientras que el 30% en Sinaloa y Tamaulipas. Tales datos, eran por sí suficientes para que la planeación estratégica del 2006 al 2012, se aplicaran esquemas de intervención multidisciplinarios en Michoacán y en aquéllos Estados que pudieran ser convulsionados por la acción del crimen organizado. Pero contrario a lo esperado, a dos años de una multipublicitada lucha del gobierno federal contra a los que ahora denomina traidores a la patria, se pueden contabilizar más de 3,000 ejecutados, que de seguir a ese ritmo, llegariamos al año 2012 con la cifra mayor a los 10,000 asesinatos. El día de ayer, en pleno grito de la independencia en Michoacán, explosionaron artefactos que privaron de la vida al menos a 8 personas. Este acto de barbarie, es netamente un acto terrorista. Pero quizá, el mayor terror es que el gobierno disponía de información sobre los riesgos de los atentados, con años de antelación. Los proximos meses, después de que se presenten otros atentados, veremos a los políticos pidiendo endurecer las penas por terrorismo (actualmente es de dos a cuarenta años de prision) y creando un nuevo tipo penal de traición a la patria para los narcotraficantes. Eso no tiene nada de innovador. Lo bueno sería, que con la misma vara se midiera a los autores de otros atentados terroristas sucedidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971; a los saqueadores de la Nación; a los hijos de la pareja presidencial; a los defraudadores electorales y a los grandes emporios del sureste efectuados al amparo del poder. Si quieres que tu pueblo respete las normas, predica con el ejemplo.

La Pena de Muerte

2008-08-07T07:26:00.000-07:00

Heráclito de Efeso expresó en su tiempo: Todo fluye, nada permanece. Su sentencia encuentra una excepción en la historia patria: Cada que ocurre un evento criminal con exposición mediática, surgen voces para demandar la imposición de la Pena de Muerte y se generan dos bandos: a favor y en contra. Se organizan consultas, foros, diplomados, libros, etc, y al final, no pasa nada. Pareciera, desde mi perspectiva, que los argumentos son erráticos en ambas posiciones. Veamos: La Pena de Muerte, no existe, como lo señalo en su oportunidad un investigador mexicano cuyo nombre escapa a la memoria. Y no existe por el simple hecho de que a la muerte TODOS estamos condenados. Lo único que hace el Juez o el Tribunal, es fijar la hora y la fecha. Nada mas. Quienes señalan que la pena de muerte no resuelve el asunto de la prevención, fracasan en su discurso porque de todos es sabido (Lardizábal y Uribe lo señalo desde 1786) que las penas no logran su cometido. La imposición de la pena de muerte, no es para evitar otros crímenes, sino para saciar la sed de venganza social que imponen cierto tipo de delitos. La pena de muerte es un castigo y punto. Pero nuestro país, como muchos otros, es una eterna contradicción. En este mes de agosto del año 2008, la sociedad mexicana está conmocionada, y con sobrada razón, por el asesinato vil del niño Fernando Martí. Pero al mismo tiempo, algunos sectores de esa sociedad y algunas organizaciones, soltaron lágrimas y manotearon para que Estados Unidos de Norte América, no ejecutaran a nuestro paisano José Medellín, quien junto con su clica, secuestró, violó y mató a dos jóvenes adolescentes (¡), hechos sucedidos en aquél país en 1993. Aquél homicida ya esta hoy muerto por una inyección letal y Estados Unidos sigue como potencia mundial, seguirá con su alto índice delictivo, pero envío un mensaje a sus nacionales: la ley se cumple. Mientras que en México, el debate por la pena de muerte enfrentará a sectores conservadores, realistas, de izquierda, entre otros, sin llegar a conclusión alguna. En contraparte, el oportunismo político ha permitido que el Ejecutivo envíe una iniciativa para castigar con cadena perpetua a los secuestradores, la cual de hecho, ya existe en la legislación penal. En efecto, por ejemplo, en la Ciudad de México, la pena máxima de prisión es de 70 años, una auténtica cadena perpetua, si tomamos en consideración que el promedio de vida en la capital del país es de 60 a 70 años y que la mayoría de edad para ser sujeto de proceso penal es a partir de los 18 años. De ahí que si a un secuestrador, policía en activo o retirado, es detenido y condenado, la pena que le correspondería es la de 70 años, lo que aunado a que no tiene beneficios, saldría en libertad a los 88 años, si es que logra sobrevivir en nuestro sistema carcelario. Por ello, la iniciativa en comento, al menos en la Ciudad, es innecesaria, pero la utilización política que de esta caso ha hecho el Gobierno Federal, no puede negarse que es impecable, mientras que nuestras autoridades locales siguen enredadas en una realidad desastrosa. Los Emperadores Romanos eran muy dados a ese estrategma maquiavélico, de que al pueblo, pan y circo. Claro, ahí esta la solución: Al pueblo, pan, circo y sangre. Imponer la pena de muerte sólo requiere reformas secundarias, pues la Constitución la establece y al hacerlo, México se alinearía al eje estratégico de los Estados Unidos, sería repudiado por los organismos internacionales de derechos humanos y por la Unión Europea, pero al fin y al cabo, de ellos no depende. Y la sociedad percibiría un intento (aunque fuese falso) por luchar contra la criminalidad. El fin, justifica los medios. ¿O no?

El riesgo que viene

2008-08-05T08:02:00.000-07:00

Estamos en el despunte del mes de agosto del año 2008. A unas horas del inicio de los Juegos Olímpicos en Beijing, China y tanto de aquel lado del mundo como en nuestro país, la actividad criminal concentra el interés, por encima de otros temas. Cada justa olímpica representa la oportunidad mediática para que los grupos terroristas hagan su aparición y expresen sus planteamientos. El septiembre negro de los juegos de Münich, marco este desafortunado ciclo que hace unos días se repitió en una provincia China, donde fueron asesinados 15 elementos de la Policía. En México, lo cíclico de la criminalidad no tiene que ver, hasta ahora, con el terrorismo, pero sí con el más terrible expresión del delito: el secuestro. La década de los noventas estuvo severamente marcada por hechos terribles en los que desde personalidades del ámbito empresarial y político, así como ciudadanos comunes, fueron víctimas de tan lacerante crimen. En aquel tiempo, las autoridades se justificaban señalando que la industria del secuestro habría florecido con motivo de la crisis económica. La petición presidencial a los medios de comunicación para que evitaran tocar el tema, generó la percepción de que el ilícito habría sido controlado. Falso. Cual tumor cancerígeno, los secuestros han continuado en nuestro País. Tijuana es una entidad que en los últimos años, lo ha sufrido de manera amarga, principalmente el sector médico. Tuvo que ser cobardemente arrebatado de la vida el joven Fernando Martí, a cuya familia desde aqui abrazamos, para que de nueva cuenta las autoridades recapacitaran en este tema. Ahora el argumento es de que la industria del secuestro esta a la alza como resultado de la actuación del gobierno contra el narcotráfico. De ser así, es entonces el gobierno y nadie mas el responsable de lo que hoy estamos viviendo. Estos hechos tan condenables, originaran que, cientos de políticos se suban a la ola - en los términos de Durkheim - para pedir la cadena perpetua, la pena de muerte, etcetera. Y todo quedara en el olvido. El secuestro nos intimida a todos y, de manera trágica, beneficiará a los sectores dedicados a la seguridad (empresas de blindaje, servicios de asesoría, esoltas, etc). Como lo señala Elías Newman en su libro Los que viven del delito y los otros. ¿Hay solución para este problemática? Si. Mientras el gobierno no logre controlar a los suyos, el crimen continuará al alza. Es cierto que el desempleo, la educación y otros temas son factores criminógenos de largo plazo. Pero el principal factor criminógeno en nuestro país en la actualidad, se llama Sistema Penal. Y si no, leamos las notas de esta semana, sobre quienes fueron los responsables del artero crimen de Fernando.

No law, no crime.

2008-08-02T17:18:00.000-07:00

No law, no crime, pareciera una obviedad aunque no lo es. Se trata de una máxima que delinea la perspectiva del análisis criminológico. Esta frase utilizada por Jill Harries en su obra Law and Crime in the Roman World, nos permite determinar que una conducta humana, sin la calificación legal, sigue siendo estrictamente eso: una mera conducta. Por su parte, Maurice Parmelee en su libro Criminología (1925) hacia referencia a este tema al invocar el estado de la humanidad en la epoca del paleolitico: Nadie puede negar que durante la existencia de los antepasados del homo sapiens, hubo quienes le arrebataron la vida a otros, quienes impusieron por la vía de la fuerza la satisfacción de su instinto sexual y de quienes, también por medio de la violencia, se hicieron de alimentos u otros objetos respecto de aquéllos que los tenían primeramente. Pero, ¿podríamos hablar de esos actos como homicidios, violaciones y robo? Por supuesto que la respuesta es negativa. No law, no crime. Luego entonces, el punto de estudio parte de cuestionar, quienes son los encargados de calificar a las conductas humanas como delitos. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Quienes se han encargado de crear las reglas de un juego en el que todos estamos obligados a participar? El ejercicio del poder y de la violencia, se matiza por medio de la norma jurídica, ese invento perverso para proteger el status quo y definir al opositor. En consecuencia, ¿quien inventó el crimen?

Renuncias en PGR

2008-08-01T08:20:00.000-07:00

Las cifras sobre ejecutados en el 2008 se ha vuelto ya una cotidianidad en los diferentes medios de comunicación del País. Ello demuestra por un lado, que la estrategia de combate al crimen ha fracasado y, por la otra, que la disputa por territorios continuará de manera escalonada. A esto debemos sumar el ingrediente político: Las principales instituciones encargadas de tan monumental tarea, se hallan enfrentadas entre sí y no por la personalidad de sus titulares, sino por la inacabada reforma estructural del sistema penal. Esto es, la Procuraduría General de la República, no termina de convertirse en la Fiscalía de la Nación y al haberse quedado sin policía, perdió su eficacia de investigación, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública Federal se guía por indicadores distintos y muy distantes a los de un Ministerio Público, de tal suerte que ésta última puede producir inteligencia, pero de acuerdo a nuestro esquema de enjuiciamiento, ese producto debe ser probado con datos jurídicos. Luego entonces, las recientes renuncias en la Procuraduría, generaran severas consecuencias negativas en diversos ámbitos pero marcarán también la escalonada de un enfrentamiento institucional. Es conveniente replantearse la forma de combatir a este fenómeno que no es exclusivo de nuestra Nación. Y si recordamos que en el segundo semestre del 2008 enfrentaremos una situación económica adversa, es de fácil pronóstico que las actividades ilícitas habrán de aumentar en todo el País. Atención en los robos violentos y secuestros. Al tiempo.

Combate al Crimen. Entre medios y decretos

2007-03-22T17:58:00.000-07:00

La estrategia puesta en marcha por el Gobierno Federal en los primeros cien días, se ha caracterizado:
1. Por apoyarse en las Fuerzas Armadas
2. Por apoyarse en los medios de comunicación
3. Por aplicar operativos mediáticos
Sin embargo, es evidente la ausencia de una Política Criminal de largo plazo, que coordine a las áreas que deben intervenir en los factores criminógenos. Esto es, a mayor policía y soldados en las calles, mayores posibilidades de corrupción y de violación a los derechos humanos. Podrá tenerse un Estado Policial, pero ni el ejército ni las agencias de seguridad, podrán combatir el fenómeno de la migración, del desempleo, de la carestía, de la falta de opciones para el desarrollo, la crisis de valores, etcétera. Se está atacando el final de la cadena, de ninguna manera sus causas.
Luego entonces, el fracaso será evidente con una espiral de violencia nunca antes vista.
La pobreza no puede eliminarse por decreto. El crimen tampoco.